Por conservar “en silencio” 383 cadáveres sin dar aviso a las autoridades, por superar las 48 horas que se tienen para incinerarlos y por hacinar cuerpos de manera indigna en un espacio no destinado para depósito sino para cremación, es que el dueño y el empleado del crematorio Plenitud son considerados ahora presuntos responsables de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres.
No fueron suficientes los argumentos de la defensa particular de José Luis A. C. (dueño) y Facundo Teófilo M. R. (empleado) de intentar desvirtuar la investigación penal por tratarse, dijeron, de un asunto de materia administrativa, de multas, suspensiones, sanciones y trámites.
“¿De qué manera voy a ocultar 383 cuerpos en dos o tres habitaciones? Estaban apilados (los cuerpos), sí, y es irrespeto a los restos, sí, pero es un tema administrativo. Se les juntó el trabajo”, argumentó la abogada Mara Lagunés Ávalos, en su respuesta a la solicitud del Ministerio Público para iniciar la investigación formal contra sus representados.
Para la defensa, el que se hayan acumulado 383 cadáveres de personas embalsamadas constituye faltas por no llevar el procesamiento de los cuerpos como marca la Ley General de Salud.
No estaban ocultos, dijo Lagunés, pues los propios policías municipales que reportaron el hallazgo en primera instancia los encontraron sin problema. “No estaban encubiertos, ni escondidos, no visibles en general”, sino que estaban accesibles en el predio del crematorio.
Era “lógico”, agregó, que hubiera 383 cadáveres todos embalsamados en el crematorio, que aunque eran “demasiados”, no estaban ocultos, valoró. “No hay ley que diga cuántos cuerpos” ya son demasiados, argumentó en audiencia de vinculación o no a proceso.
Incluso acusó a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del hecho, pues si hubieran verificado después del 7 de marzo de 2022, fecha de la última revisión, se habrían dado cuenta del acumulamiento desde antes.
Y es que hay actas de verificación de 2020 y 2022 que daban cuenta de 20 y cuatro cuerpos, respectivamente, acumulados y esperando a ser cremados, lo que va contra las normativas que observa la Comisión.
La mesa del Ministerio Público respondió a los alegatos. Afirmaron que sí existen los delitos, pues no se siguieron los procedimientos administrativos pero acumularon cuerpos en un lugar destinado para cremación, no conservación.
Sobre la acusación a Coespris, se limitaron a decir que no están “juzgando a la autoridad sanitaria”.
Para el juez hubo un dato de prueba preponderante: entre los oficios que Carlos Tarín, encargado de Coespris, dio a la Fiscalía y que ésta leyó en la audiencia inicial, se da cuenta de que había permiso de funcionamiento de Plenitud desde el 9 de julio de 2020, y el titular responsable sanitario es José Luis A. C., quien en la sede ministerial dijo que apenas había heredado de su difunto padre, Luis Arturo Arellano Barnola, el negocio hacía dos años.
También destacó “el trato indigno del cadáver en la carroza abandonada, que era usada prácticamente como bodega”, y el desorden de los documentos de los cuerpos que procesaba el crematorio.
Sí existe delito, afirmó el juez (contrario a lo que el 27 de junio dijeron las autoridades investigadoras regionales). La conservación ilícita de los cadáveres se conformó cuando se acumularon cuerpos en un crematorio que no es un depósito sino un espacio de transición donde se le da el tratamiento de incineración, explicó.
Y pese a tener ahí los cuerpos, “no se invocó un solo documento de conocimiento a las autoridades del apilamiento de cuerpos y la imposibilidad de cremarlos”, añadió.
“Hubo la conservación en silencio. La preservación consciente y voluntaria”, estimó.
Sobre el ocultamiento, dijo que “acumular por años en habitaciones y en esas condiciones (los cuerpos) es lo que se valora como ocultamiento, al no cumplir con su obligación legal de dar noticia de la imposibilidad material de procesarlos”.
Abundó: “el ocultar fue no dar noticia del acumulamiento. El conservar fue mantenerlos ilícitamente porque el fin de los cuerpos era para cremación, no para conservación. No es un lugar de depósito”.
Luego habló de la probabilidad de que José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R. fueran responsables del hecho: existen documentos que sitúan a A. C. como dueño y responsable sanitario del lugar, y entrevistas que confirman la calidad de ambos en las actividades del crematorio.
Fueron, entonces, vinculados a proceso.
La Fiscalía solicitó seis meses de investigación complementaria. Resta declarar testigos como personal administrativo de las funerarias, vecinos del crematorio, víctimas indirectas, recabar informes del Registro Civil, Protección Civil, la Dirección de Salud de Juárez, Desarrollo Urbano, y ubicar a más empleados de Plenitud a través del IMSS, además de dictámenes forenses pendientes.
No son necesarias las identificaciones de cadáveres, afirman
A la defensa le pareció excesivo porque no debería haber, a su consideración, víctimas indirectas del delito ni eran necesarias las identificaciones de los cadáveres para continuar con este proceso penal.
Finalmente, el juez dijo que los seis meses son proporcionales a la labor pendiente, pues “el solo identificar 383 cadáveres en descomposición tiene dificultad técnica”.
Será el próximo 4 de enero, como máximo, cuando la Fiscalía entregue las pruebas descubiertas para fijar fecha de la audiencia intermedia y conocer el próximo paso en el proceso.
Con información de El Diario
