Por: Salvador Cosío Gaona
Desde la semana pasada el panorama se tornó nada halagüeño para el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de quien una gran mayoría exigió su dimisión al cargo y ante el ultimátum que le impuso la Cámara de Representantes, luego de que se difundiera de forma pública y masiva una larga cadena de mensajes privados en los que participó junto con un grupo de funcionarios haciendo comentarios misóginos, homofóbicos o insultantes contra personalidades de la isla como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el cantante Ricky Martin, desatando una grave crisis que colocó al Estado en el centro de la polémica, aunado a que se ventilaron casos de corrupción, hace unas horas optó por dejar el cargo tras 12 días de protestas.
Se dice que en muchas ocasiones la cuerda se rompe por lo más delgado y pareciese es lo que ha ocurrido con Rosselló, que aún cuando ofreció disculpas públicamente y señaló que había tenido una conducta impropia, los señalamientos en su contra se intensificaron y cambiado de dirección, apuntando entre otros delitos a casos de corrupción.
En este contexto, la BBC Mundo difundió un interesante análisis para dirimir por qué Puerto Rico no es ni un país ni un estado y cómo se relaciona esa situación con las protestas en contra del Gobernador, así como la dirección que tomaron.
“Muchos analistas señalan que las 899 páginas de mensajes, revelados por el Centro de Periodismo Investigativo, solo dispararon una crisis que se venía cocinando desde el devastador paso del huracán María, que causó daños a gran escala en la isla en 2017.
A partir de entonces, se dieron a conocer una serie de negligencias y actos de corrupción en torno al gobierno, al tiempo que se evidenciaba la desidia del presidente de EE.UU., Donald Trump, para atender la emergencia causada por María. Un desastre natural que, de acuerdo a algunos conteos, causó la muerte de más de 4.500 personas (los conteos oficiales señalan 3.000).
«Estados Unidos ve a Puerto Rico como una plantación, como una finca», le dijo a BBC Mundo Randy Nieves, un periodista puertorriqueño. Ello se suma a la grave crisis económica de fondo que atraviesa Puerto Rico desde hace más de una década.
“Es un país al que no lo dejan ni perder”
La frase, de la escritora puertorriqueña Ana Teresa Toro, podría resumir muy bien la realidad política de Puerto Rico: es un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, un estatus que ha causado frecuentes resquemores a lo largo de los años entre su población.
¿Qué significa ser un Estado Libre Asociado y por qué Puerto Rico no es considerado un país?
Durante la guerra hispano-estadounidense, EE.UU. se enfrentó al reino de España por los territorios que ésta dominaba en el Caribe. Ocurrió en 1898 y una de las consecuencias del conflicto fue que EE.UU. asumió el control político y territorial de la isla. Con los años, y después de varias revueltas frustradas que buscaban su independencia, EE.UU. le concedió a la isla el estatus de Estado Libre Asociado.
Eso permitió que, a partir de 1952, el territorio pudiera escribir su propia Constitución y elegir a su gobernador mediante el voto popular. A diferencia de los otros 50 estados de EE.UU., Puerto Rico tiene un «delegado» en el Congreso que no tiene derecho a voto. También tiene partidos políticos distintos a los que se alternan en el poder en EE.UU.: el Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, Partido Independentista Puertorriqueño.
Por otra parte, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y, de acuerdo a una sentencia judicial de 2015, la isla es un territorio de los Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso de ese país.
¿Puede separarse de EE.UU. y convertirse en república independiente?
Esta pregunta se la ha hecho esta isla varias veces. Desde 1952, cuando se escribió la Constitución que hoy sigue en vigor, se han realizado cinco plebiscitos: en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017. En todos ellos se presentaron tres opciones: convertirse en estado de EE.UU., seguir como Estado Libre Asociado o declararse una república independiente. En los cuatro primeros, el apoyo a seguir siendo un ELA o convertirse en el estado número 51 de EE.UU. (llamado «estatidad») fue mayoritario.
Los votantes también favorecieron la estatidad en el plebiscito más reciente. Fue la opción por la que votó el 97%, pero en el proceso solo participó el 23% del patrón electoral. Sea como sea, para que Puerto Rico se convierta en estado debe existir una voluntad para ello en el Congreso de EE.UU. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea encuentra cierto rechazo por parte del Partido Republicano. En septiembre de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, también indicó que no la apoyaba.
¿Cuál es la relación del estatus de la isla con las protestas en contra de Ricardo Rosselló?
Aunque el detonante de la actual crisis fue la revelación de un intercambio de cientos de mensajes de Telegram entre varios funcionarios, incluido el gobernador Rosselló, lo cierto es que en la isla desde hace varios años se viven momentos de profunda incertidumbre. Primero fue la declaración de bancarrota en 2015, cuando el gobierno aceptó que debía reestructurar una deuda que se acercaba a los US$70.000 millones.
Ante ello, el Congreso de EE.UU. aprobó la llamada «ley Promesa», la designación de una Junta de Supervisión Fiscal que responde al legislativo estadounidense, con poderes sobre el gobierno electo y que ha impuesto severas medidas de austeridad que impactan a varios sectores productivos de la isla. La incapacidad del gobierno puertorriqueño para oponerse a tales medidas fue uno de los temas de protesta entre los manifestantes en San Juan, quienes pidieron la salida de la JSF y de Rosselló.
«Ricky, renuncia, estás despedido», se llegó a escuchar en la voces de los representantes sindicales que criticaron fuertemente el papel de la JSF en la isla. A esto se sumó la devastación que causó el huracán María en 2017. Muchos manifestantes señalaron que Rosselló no escuchó las distintas voces que indicaban que había más de 3.000 muertos en la isla tras su paso. El gobernador se demoró casi un año en aceptar que el número oficial de muertos no era 64, como él había indicado en un principio —y como sostenía Trump—, sino al menos los 3.000 que anotaron varias investigaciones externas. Trump también se unió a las críticas y calificó a Rosselló de incompetente. “Es un gobernador terrible. Para mí es un gobierno corrupto e incompetente», señaló el mandatario.
Este miércoles, el futuro se tornó poco alentador para Rosselló, después de que el Presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johny Méndez, diera a conocer que un comité especial de abogados de Puerto Rico concluyó que existían bases jurídicas para un juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló, razón por la cual sus opciones se redujeron a dos: la renuncia o un juicio político, y Rosselló, tomó la primera.
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