Por: Verónica Juárez Piña
La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en la sesión del 27 de junio, en período extraordinario, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sin un análisis a fondo, sin aceptar las observaciones planteadas en el Parlamento Abierto y haciendo caso omiso de las propuestas de los grupos parlamentarios de oposición.
Siendo ésta la primera ocasión en que se aplica el dispositivo constitucional que atribuye en exclusiva a la Cámara de Diputados la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), debemos señalar que la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria desaprovecharon la oportunidad histórica de dotar al país de un Plan que, retomando los fines constitucionales del proyecto nacional; emergiera de un proceso deliberativo, democrático y que concluyera con el consenso de ésta representación popular.
El Ejecutivo Federal fue omiso en la elaboración y presentación del Plan porque omitió la expedición del nuevo Reglamento de la Ley de Planeación, ordenada por la reforma que en 2018 se realizó a dicha Ley; y no observó debidamente la obligación de someter a consulta pública el proyecto en la etapa de su elaboración, incumpliendo lo ordenado por el artículo 20 de la Ley de la materia.
Los escasos foros que se realizaron, se hicieron casi a escondidas, con aforos pequeños, en su mayoría integrados por empleados del gobierno federal y militantes del partido Morena. En la última hora del último día del plazo para entregar el PND a la Cámara de Diputados, sin protocolo alguno, el Poder Ejecutivo remitió dos documentos, ambos denominados “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.
La Presidencia de la República no respondió el oficio que el 14 de mayo le dirigió el Grupo Parlamentario del PRD, para solicitarle que aclarara la contradicción consistente en la existencia de los dos Planes. Esta dicotomía afectó directamente la certeza requerida para que la Cámara de Diputados afrontara debidamente su atribución exclusiva de aprobar el PND.
Debemos tener presente que, como lo dijo el exministro José Ramón Cossío Villegas, que la arquitectura del Sistema Nacional de Planeación previsto en la Constitución y en la Ley de Planeación le impone al titular del Ejecutivo Federal la carga de elaborar un Plan, no para su lucimiento personal, sino como un medio para hacer que exprese sus intenciones, de manera que pueda controlarse su ejercicio de gobierno y queden establecidos los parámetros claros de la rendición de cuentas a que está obligado.
Por eso no es de festinarse la actitud que asumió el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, que evitó que ésta ejerciera cabalmente su papel respecto a esta importante tarea.
Al aprobarse el PND por la Cámara de Diputados, la Administración Pública Federal queda sujeta en su acción a lo que se haya aprobado y el Congreso deberá vigilar que así se haga.
Por ello, las y los diputados que avalaron acríticamente el PND, incumplieron lo ordenado por la Ley; y debilitaron la función del Poder Legislativo, consistente en acotar y controlar al Poder Ejecutivo mediante la expedición de leyes y, en este caso, a través de la aprobación soberana del Plan Nacional de Desarrollo, que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.
El análisis, la discusión y aprobación del PND 2019-2024 colocó a la Cámara de Diputados ante la disyuntiva de representar a los diferentes sectores sociales y a los intereses nacionales de largo plazo, o ser simples aplaudidores del gobierno. La mayoría de Morena y sus aliados optaron por esto último.
