El Secretario General de Gobierno Roberto López Lara, ha sido mal informado por sus subordinados y por lo mismo, sus declaraciones son erróneas y causan confusión a la opinión pública, advirtieron mediante un comunicado los representantes legales del empresario Ricardo Ramírez Angulo, quien reclama la propiedad del predio conocido como Colomos III.
La firma de litigantes “Illanes y Soto” respondió así a las declaraciones del funcionario estatal, quien refirió que “no existe ninguna suspensión federal en su contra relacionada con el predio que denomina Colomos III”. Dicho terreno de 5.7 hectáreas, se ubica en Avenida Acueducto 5869, Fracción A, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Los abogados insistieron en que López Lara “ha sido mal informado por sus subordinados, por lo mismo sus declaraciones son erróneas y causan confusión a la opinión pública, en efecto contrario a lo que sostuvo, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa si concedió una suspension definitiva a favor de nuestro cliente Ricardo Ramírez Ángulo -no como lo dice-“.
“En esa resolución, el citado Juez Federal prácticamente ha determinado reservarse la disposición del bien inmueble de 5.7 hectáreas de nuestro cliente Ricardo Ramírez Ángulo, ubicado en lo que denominan ‘Colomos III’, dejando en custodia el mismo a favor de las fuerzas policiales, lo cual implica que lo entregará de manera definitiva a quien gane el asunto”, destacan.
Incluso ha ordenado que: “no se transfiera su propiedad o posesión a favor de tercera persona, ni se destine a un fin distinto del que motivó su recuperación…por ende, no se lleven a cabo inscripciones, actualizaciones o cancelaciones en catastro municipal ni en el registro público de la propiedad…”
Pero esa resolución no implica ningún triunfo a su favor, como lo pretende señalar el Secretario de Gobierno, indican los representantes legales quienes agregan que “por el contrario, lo único que negó el Juez Federal a nuestro cliente, es entregárselo o devolvérselo libremente, lo cual no implica que haya ganado el asunto el Gobierno, pues finalmente el bien inmueble por los efectos de ese mandato solo lo tendrán en custodia las fuerzas policiales, mas no puede disponer de él ni de su posesión, pues eso lo conserva el Juez Federal”.
Por último, reiteraron que lo que hizo el Gobierno del Estado de Jalisco el pasado febrero de 2017, “fue un atropello a los derechos de nuestro cliente, una arbitrariedad brutal al despojarlo criminalmente del bien que adquirió y tenía posesión desde hace más de 15 años, violaciones que ya están siendo del conocimiento de los Tribunales Federales”.
