Por: Verónica Juárez Piña
Una vez que la oposición en la Cámara de Diputados hizo valer la división de poderes y frenó la inviable reforma eléctrica, el presidente amenaza ahora con enviar una iniciativa de reforma electoral que implicaría una grave regresión democrática porque terminaría con la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), daría el control de las elecciones al partido mayoritario, desaparecería el derecho de las minorías y vulneraría la pluralidad.
No es una propuesta nueva, desde su campaña, Andrés Manuel adelantó que presentaría una reforma de este calado, culpando al órgano electoral de haber favorecido a sus contrincantes en las elecciones de 2006 y 2012.
La propuesta presidencial plantea someter a elecciones a los integrantes del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); que cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, proponga 20 ciudadanos para ser votados y que quien obtenga más votos sea el presidente de los órganos electorales; recortar el presupuesto al Tribunal y al INE; convertir a este último en un órgano de alcance nacional; y reducir el número de diputados y senadores. (El Financiero, 30/03/2022)
La iniciativa estaría viciada de origen porque no habría manera de garantizar la imparcialidad y autonomía de los consejeros, en virtud de que, para ser electos, tendrían que hacer campaña y la única forma de hacerlo es la estructura partidaria.
Estas reformas darían el control absoluto de las elecciones y permitirían la sobre representación en el Congreso de la Unión al partido mayoritario, porque desaparecería el principio de representación proporcional, que toma como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. Con este esquema se asignan 32 senadores en una lista nacional; y 200 diputados en 5 listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales.
El sistema de representación proporcional se utiliza en la mayoría de los países, ya de sea de manera exclusiva o mixto, es decir mediante una combinación de mayoría relativa (elección directa) y proporcional (elección indirecta), como en el caso de México.
El principio de representación proporcional “garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo electorado. Es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual equivale a la igualdad política; y refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad”. (Ferrajoli, citado por Espinosa, 2012)
Junto con otras medidas, las reformas electorales que crearon el principio de representación proporcional y el órgano electoral autónomo, fueron fundamentales porque generaron las condiciones para la transición democrática, la alternancia en el poder ejecutivo federal y estatales, la pluralidad en el Congreso de la Unión y locales, y fortaleció la gobernabilidad y la estabilidad política en el país.
No es que AMLO ignore el avance democrático que todo ello significó, pero, fiel a su estilo, no acepta las reglas del juego, a pesar de que, gracias a las reformas electorales impulsadas durante décadas por la oposición, a la que en su momento él perteneció, pudo ser Jefe de Gobierno en la Ciudad de México y presidente de la República.
Lo que en el fondo busca es tener manga ancha para modificar la Constitución de manera discrecional y restituir el poder autoritario y centralista del Ejecutivo Federal. Desde el PRD ratificamos nuestro apoyo al INE y al TEPJF y adelantamos que no avalaremos ninguna reforma que atente contra la democracia.
