La Ley Nacional de Extinción de Dominio, un mecanismo autónomo e independiente que fortalecería al Estado en su lucha contra la delincuencia organizada, generó más inquietudes que certezas sobre sus usos, procesos, definiciones y por su incompatibilidad con el texto constitucional, señaló el senador Clemente Castañeda.
“Debemos decirlo, la figura de extinción de dominio ha quedado a deber. Su falta de resultados es visible cuando se la evalúa en el marco general de la estrategia de seguridad. Vale la pena destacar que, según el primer informe en materia de extinción de dominio presentado por la Fiscalía General de la República, el 21 de octubre del 2020, los bienes sujetos a extinción de dominio se calcularon en apenas 76 millones de pesos y 9 millones de dólares”, lamentó Castañeda.
“Pero además de esto, carece de instrumentos adecuados de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, lo que dificulta aún más su evaluación. Y esto no es todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la invalidez de artículos de la Ley por violaciones al derecho a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la transparencia, el acceso a la información”, añadió.
