El Diario Oficial de la Federación publicó este miércoles once decretos presidenciales que corresponden a reformas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso de la Unión durante el reciente periodo extraordinario. Estas medidas buscan fortalecer diversos ámbitos del marco jurídico nacional, desde la protección de derechos humanos hasta la seguridad y la competencia económica.
Entre los documentos publicados, destacan la reforma en materia de búsqueda de personas desaparecidas y la Ley General de Población, que incluye la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos. Asimismo, se establecieron nuevas disposiciones en las legislaciones de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otra de las leyes relevantes es la que regula la creación de la Guardia Nacional, además de normativas relacionadas con la investigación y la inteligencia en seguridad pública, operaciones con recursos de procedencia ilícita, protección de la vida silvestre, competencia económica, simplificación de trámites burocráticos y el sistema ferroviario.
Todos estos decretos entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación, marcando el inicio de los plazos legales para que las instituciones públicas y privadas puedan realizar las adecuaciones necesarias para su correcta aplicación.
En particular, la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, junto con la Ley General de Población, establece que la Plataforma Única de Identidad deberá estar operativa en un plazo máximo de 90 días naturales. Durante este período, las dependencias de los tres órdenes de gobierno deberán definir los mecanismos para la consulta, transferencia y validación de información, permitiendo la integración de datos en la CURP. Además, todos los entes públicos y privados deberán adoptar medidas para incluir a la CURP como requisito en los trámites y servicios que gestionen.
Este conjunto de reformas refleja un esfuerzo del gobierno mexicano por actualizar y fortalecer su marco legal, en línea con las necesidades actuales del país en áreas prioritarias como los derechos humanos, la seguridad y la eficiencia administrativa.
