Un grupo de trabajadores del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alertó sobre presuntas prácticas de nepotismo y uso de recursos públicos con fines partidistas en el organismo. La denuncia, presentada en mayo pasado y que actualmente circula entre legisladores, señala que el Partido del Trabajo (PT) y algunos actores ligados a Morena, específicamente un exdiputado, estarían utilizando al órgano para beneficiar a operadores políticos y familiares en cargos de confianza.
Según los denunciantes, al menos 16 personas vinculadas a estos partidos estarían ocupando puestos en el OIC, algunos con relaciones familiares, en un supuesto intento de influir en decisiones internas y en la contratación de personal. Entre los casos mencionados se encuentran familiares de funcionarios, como hermanos, madre e hijo, que presuntamente realizan tareas de apoyo partidista, además de operadores que habrían sido colocados por recomendaciones de diputados federales.
Los denunciantes señalan que varias de estas personas participan en actividades relacionadas con campañas y eventos del PT, como repartición de volantes y levantamiento de encuestas, en horarios fuera de la jornada laboral. También afirman que algunos empleados, con plazas asignadas en el organismo, dedican la mayor parte de su tiempo a gestiones políticas, desviándose de sus funciones institucionales.
Entre los personajes señalados figuran Esther Castellanos Polanco y Omar Castellanos Polanco, ligados a Morena por parentesco y cargos en el OIC; además de miembros del PT como Julián Claudio García y Edith Espinoza Vázquez, quienes tienen vínculos familiares y puestos de liderazgo en la estructura del órgano. También se mencionan a familiares de activistas del PT en Jalisco, como la madre e hija Cleotilde y Guadalupe Lorenzana, así como las hermanas Vianey y Abril Rayas Rivera, quienes ostentan puestos en áreas clave del organismo.
La denuncia hace referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe el nepotismo y la intervención en procesos de contratación por parte de servidores públicos con lazos familiares. Sin embargo, los denunciantes aseguran que estas prácticas se han llevado a cabo mediante recomendaciones y favoritismos, en un contexto de presunto uso político del órgano para beneficiar a ciertos actores.
Por el momento, las acusaciones no contienen pruebas concretas de movimientos económicos o financiamiento directo desde las arcas públicas a los políticos señalados, aunque se mantiene la sospecha de que se han utilizado recursos internos del OIC para promover agendas partidistas. La denuncia busca evidenciar una posible infiltración de intereses políticos en un organismo encargado de supervisar la legalidad y eficiencia del instituto.
El caso genera tensión en torno a la integridad del proceso interno del Inegi y pone en debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en los órganos administrativos del Estado.
Fuente: Denuncia de trabajadores del OIC del Inegi.
