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Proteger a niños y adolescentes; responsabilidad de todos

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Por: Verónica Juárez Piña

Los lamentables acontecimientos ocurridos en una escuela primaria de Torreón, en la que un niño de 11 años asesinó a su maestra, hirió a seis de sus compañeros y luego se suicidó, nos deja, como sociedad varias enseñanzas.

En principio, la necesidad de que los tres niveles de gobierno, particularmente el federal, rectifiquen la estrategia contra la violencia y la inseguridad y diseñen políticas públicas eficaces para prevenir que éstas continúen afectando, de manera directa, el desarrollo integral de la niñez y a la adolescencia y, específicamente, el derecho que tienen a una vida libre de violencia.

Como bien expresó en un comunicado la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que aglutina a más de 60 organizaciones sociales dedicadas al tema de infancia, lo ocurrido en Torreón “da muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes”. La Redim señaló que, en nuestro país, mueren “al día en promedio 3.6” niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia, añadiendo que, en lo que va de este siglo, desde el año 2000 y hasta el 2019, “hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos”.

Más aún, el sistema educativo nacional “continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia”.

“El Comité de derechos del Niño en la ONU, en 2011 y 2015, emitieron recomendaciones muy concretas, revisar la estrategia de lucha contra el crimen organizado que está teniendo un alto impacto negativo en niños y niñas, promover la cultura de paz y la solución no violenta de conflictos, e involucrar a niños y niñas en los que significa la resolución del tema”.

Sin embargo, no cabe duda que el hecho de que un niño de 11 años tenga al alcance dos armas de fuego en su casa y tome la decisión de usarlas contra las personas cercanas a él y contra sí mismo, refleja que la violencia se origina en el seno mismo de la familia y de la sociedad; y que ésta obedece a problemas estructurales que, desde hace mucho está claro, no se resuelven con las medidas que las autoridades hasta ahora han implementado.

Porque a pesar de que lo ocurrido en Torreón no constituye un hecho aislado,-ya que un hecho similar ocurrió en 2017 en Monterrey-; sí es un fuerte llamado de atención para las autoridades y los padres de familia. Los incidentes con armas de fuego han sido recurrentes y, en los últimos diez años, hemos registrado, por lo menos siete incidentes en diversas entidades de la República que, afortunadamente, no han tenido consecuencias fatales pero que, sin embargo, constituyen una fuerte llamada de atención para quienes conducen la política en México.

Deben redoblarse los esfuerzos para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de la violencia y que repitan patrones de agresividad a los que se encuentran expuestos. Y ésta, además de las autoridades, es una responsabilidad de todas y todos, incluidos, por supuesto, los medios de comunicación.

Resulta de particular importancia que las autoridades educativas en coordinación con los 3 órdenes de gobierno implementen las acciones necesarias con la finalidad de educar a nuestras niñas, niños y adolescentes en la cultura de paz, de sana convivencia y de igualdad de género.

Expresamos nuestra más amplia solidaridad con las víctimas y sus familiares así como con la comunidad estudiantil del plantel en donde se generaron estos lamentables acontecimientos.

Exhortamos a las autoridades federales y del estado de Coahuila para que se les brinde atención integral inmediata y se generen las condiciones para que se reanuden las actividades a la brevedad.

Resulta indispensable que de manera inmediata sesione el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que junto con autoridades y organizaciones de la sociedad civil se diseñe e implemente una política de Estado que garantice a la niñez y a la adolescencia mexicana una vida libre de violencia.

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