El Congreso de Jalisco analiza una iniciativa que busca penalizar con prisión el retiro de fichas de personas desaparecidas en espacios públicos. La propuesta, presentada por el diputado sin partido Alejandro Puerto, plantea reformar el Código Penal y la Ley de Atención a Víctimas para sancionar con hasta tres años de cárcel a quienes retiren o destruyan dichas fichas.
La iniciativa contempla además una sanción más severa si el responsable es un servidor público, en cuyo caso además sería destituido e inhabilitado por cinco años. La propuesta busca fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y mantener la visibilidad de los casos en la vía pública, en un contexto en el que la desaparición de personas continúa siendo un problema social en la entidad.
Aún pendiente de discusión en comisiones y en el Pleno, la propuesta ha generado diversas opiniones en el Congreso, en un momento en que la atención a las víctimas de desaparición forzada y la obligación de las autoridades de garantizar su visibilidad son temas prioritarios en el debate público.