Las organizaciones ciudadanas que se oponen a la construcción del desarrollo urbanístico Distrito K o Distrito La Perla en los terrenos de la antigua planta de Kodak, promoverán acciones penales en contra de los funcionarios del Ayuntamiento de Zapopan que resulten responsables por actos irregulares para otorgar la respectiva licencia de construcción.
Salvador Cosío Gaona, presidente de de la Asociación Civil Conciencia Cívica Jalisciense y Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana, advirtieron además que existen elementos para demostrar que la licencia de construcción es nula, toda vez que no se cumplió con la expedición de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).
Ante la advertencia de que las organizaciones tratan de extorsionar a la autoridad municipal y a los particulares dueños del proyecto, enfatizaron que ahora el Presidente Municipal Pablo Lemus, tendrá que demostrar sus dichos o de lo contrario, pagará las consecuencias legales.
Alejandro Cárdenas explicó que toda expedición de licencia por parte del municipio se basa en el Plan Parcial de Desarrollo. Para ello, se expide un Dictamen de Trazos, Usos y Destinos que certifica lo que dice el plan y a la vez especifica las condicionantes para expedir la licencia.
El dictamen 2013/577 otorgado por la pasada administración municipal de Zapopan, definió diversas obligaciones que el desarrollador debía cumplir para que se le concediera la respectiva licencia y en el punto 9 decía: presentar los estudios de impacto ambiental respectivos ante la Secretaría del Medio Ambiente (Semadet) para que ésta los dictamine.
El presidente del Parlamento de Colonias explicó que solicitaron a Semadet copia de dicho dictamen y la dependencia estatal respondió que aún no se ha realizado trámite.
«Si no hay, cómo es posible que le hubieran entregado la licencia de construcción?», acentuó.
Agregó que por tal motivo, la licencia es nula de pleno derecho. «Haremos las acciones de nulidad en relación a las licencias de construcción».
Puntualizó que existen muchas más omisiones. Se tiene conocimiento que de 47 condicionantes, solo se cubrieron 24.
Las organizaciones se mantienen en espera de información, misma que ya fue solicitada «pero hay una táctica dilatoria de las autoridades».
El pago de la solicitud de información se hizo desde el 5 de septiembre. El 12 del mismo mes, el ayuntamiento pidió una prórroga para entregar 180 hojas, por lo que se habrá de esperar hasta el próximo lunes o martes para recibir la información.
«Cómo defenderse los ciudadanos si nos están dilatando y ocultando la información por parte del gobierno que se acaba de decir más transparente», señaló.
El ayuntamiento tampoco publicó la consulta respectiva en medios impresos, conforme obliga la ley.
«El señor Lemus, como es su costumbre mentir, está diciendo que nosotros hablamos infundios. Él dice que promoverá acciones penales, nosotros también. Nosotros no tenemos miedo de una amenaza de denuncia penal. Lo vamos a enfrentar y lo vamos a llamar también a él, porque aquí ya hay un abuso de autoridad».
Por su parte Salvador Cosío Gaona insistió en que el resolutivo de la Semadet determina que no existe ningún trámite, por lo tanto no hay ningún dictamen de Manifestación de Impacto Ambiental.
«Esto contradice las falacias, la lengua larga del Alcalde Pablo Lemus Navarro, que salió como can defensor -por no decir perro rabioso- cuando a finales de agosto hicimos la denuncia ante Profepa de que se estaba permitiendo por la autoridad municipal seguir adelante con una urbanización en un predio donde no hay una fehaciencia de que no existe toxicidad. Donde esta empresa Kodak durante más de 30, 40 años usó materiales como cadmio y uranio».
Hizo notar que la autoridad municipal como vocera del desarrollo, se ha limitado a decir que que existen estudios que sustentan todo.
Acusó existe una actitud del gobierno municipal de permitir a toda costa el desarrollo habitacional, comercial, industrial y hotelero, y denostar a quienes señalan la falta, diciendo que se trata de entorpecer el desarrollo.
Recordó que el pasado 24 de agosto el Parlamento de Colonias y Conciencia Cívica presentaron denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y desde entonces la dependencia nada ha hecho.
El 6 de septiembre se presentó una ampliación de la denuncia advirtiendo deforestación del predio, sin recibir tampoco respuesta.
Igualmente se han tramitado denuncias ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ante la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco, repitiéndose en ambos casos silencio y negligencia.
Por tal motivo, se pedirá a la autoridad federal -ya no a la delegación local- que intervenga en el asunto y procedan las medidas cautelares.
«Ese interés desmedido del Presidente Municipal por defender este desarrollo, es porque hay elementos que tenemos y que los haremos valer ante la autoridad ministerial, vamos a ir a una acción penal en los próximos días contra autoridades estatales y federales. Hay interés personal del Presidente Municipal Pablo Lemus Navarro en este asunto. Él fue parte de los gestores de esta licencia inicial en la pasada administración municipal, siendo todavía obviamente un ciudadano y no el Alcalde», sentenció Cosío Gaona.
Añadió que por lo anterior, además de lo que le corresponda por incurrir en desarrollar algo en un predio que tiene toxicidad, «ahora incurre en tráfico de influencias o en conflicto de intereses»
Ante la negativa de Alcalde Pablo Lemus de ordenar la suspensión de las obras. «pediremos a las autoridades ambientales, sanitarias y ministeriales el aseguramiento de los predios», indicó.
