La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) cerró en junio de 2025 un total de 25 sitios por incumplimientos a leyes y regulaciones ambientales en diferentes municipios del estado. Las acciones se centraron en empresas y actividades que operaban sin las autorizaciones requeridas por la normativa vigente.
De las clausuras realizadas, 11 correspondieron a sitios que carecían de autorización de Impacto Ambiental, siete a aquellos sin Licencia Ambiental Única, y otras siete por no contar con el Registro de Gran Generador de Residuos, además de presentar un manejo inadecuado de residuos de manejo especial.
Entre las acciones destacadas, el 4 de junio, personal de PROEPA llevó a cabo la clausura parcial temporal de una empresa tequilera en Arandas, tras detectar que su proyecto de construcción y operación de una planta de composta de bagazo de agave y vinaza no contaba con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). Durante la inspección, también se observó un posible derrame de vinazas hacia un arroyo cercano, por lo que la empresa fue condicionada a implementar medidas para contener y evitar el escurrimiento de residuos líquidos.
El 5 de junio, se clausuró de manera total y temporal un centro de acopio de residuos de manejo especial en Lagos de Moreno, debido a la falta de autorización por parte de SEMADET, lo que representa una violación a la normatividad ambiental aplicable.
Asimismo, el 23 de junio, en Tepatitlán de Morelos, se suspendió parcialmente una granja porcícola tras detectar que no contaba con el registro de generador de residuos de manejo especial, además de incumplir con las normas estatales relacionadas con la prevención de contaminación por residuos porcinos y manejo de cadáveres, por no presentar planes de manejo ni registros adecuados.
PROEPA reafirma su compromiso con la protección ambiental y asegura que continuará realizando inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento de la legislación, previniendo así la degradación del entorno y promoviendo prácticas responsables entre los promoventes y responsables de actividades económicas en el estado.
