Por: Héctor Romero González
Hace algunas semanas hablábamos de la importancia de la Procuraduría para la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), organismo neutro que asesora y defiende a los contribuyentes de abusos de la autoridad fiscal. En otras palabras, es como el Chapulín Colorado de quienes pagamos impuestos.
Desafortunadamente los últimos años ha sufrido una grave disminución de su presupuesto, pasando de 854 millones en 2019 a tan solo 738 millones para el próximo 2021.
Esto, aunado al cierre de numerosas delegaciones en el país, ha disminuido la capacidad de atención, repercutiendo principalmente en perjuicio de asalariados, pensionados o jubilados.
Para hacer frente a esta situación se requiere que el ente sea encabezado por alguien con un desarrollo profesional y académico suficiente que permita comprender las necesidades de los contribuyentes y replantear la orientación de los recursos en este momento crítico.
Actualmente la ley no establece requisitos complejos para ser elegido Procurador, siendo más complicado ocupar, en algunos casos, dependencias municipales. Los más complicados, por así decirlo, son dos: contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años; y no haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años.
El primer requisito constituye una exigencia tendiente a asegurar la capacidad técnica del Procurador.
A su vez, el segundo de los requisitos procura la independencia e imparcialidad de la institución. Recordemos que su función principal consiste identificar irregularidades en la gestión recaudatoria del Gobierno Federal, por lo que es de gran importancia que no haya “jugado en el bando contrario”.
Sin embargo, el presidente parece no compartir la importancia de estas directrices y el pasado 29 de mayo sometió a consideración del Senado una terna integrada por Ricardo Rodríguez, Martha Patricia Jiménez y Carlos Alberto Puga. Ninguno de estos cuenta con la experiencia requerida en materia tributaria y el primero tiene un impedimento relacionado con la independencia por haber sido titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Afortunadamente un grupo de litigio estratégico, conformado por México Justo y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, promovió un juicio de amparo donde se obtuvo la suspensión definitiva con el efecto de evitar la designación de los ya señalados en virtud de que no reúnen los requisitos legales.
Estas acciones sin dudas molestaron a la cuarta transformación que desfundó su artillería y comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados en un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Prodecon, iniciativa que fue presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, violando así una de las reglas no escritas del sistema democrático: no reformar las leyes para contextos inmediatos y con el propósito exclusivo de capturar las instituciones.
Este proyecto pretende eliminar los requisitos antes referidos. Los cinco años de experiencia en materia fiscal argumentando que es desproporcional al no relacionarse con los aspectos de honestidad, imparcialidad y lealtad al servicio público. Aquí la falacia radica en que precisamente este requisito no tiene por objeto verificar dichas cualidades, sino la capacidad estrictamente técnica.
Por su parte, pretende eliminar el requisito de no haberse desempeñado como titular de una dependencia o entidad del Gobierno Federal en los tres años previos, bajo el argumento de que no está relacionado con el artículo 134 constitucional. En este caso también parte de una premisa falsa, ya que el propósito del requisito es asegurar la independencia e imparcialidad, es decir, no tendría por qué guardar relación con el eficiente y eficaz ejercicio de recursos públicos, lo que tutela el artículo constitucional señalado.
Se trata de un burdo intento de justificar una norma a modo, un traje a la medida para quien decida el presidente, que parece que es Ricardo Rodríguez.
Irónico que en 2013, en el contexto de la aprobación de la reforma fiscal, la entonces senadora Padierna manifestó su preocupación con el uso de las nuevas atribuciones del SAT ante la posibilidad de afanes persecutorios, abusivos o de acoso a los contribuyentes, aplaudiendo la existencia de la Procuraduría para evitar actos de esta naturaleza y celebrando la figura de acuerdos conclusivos.
Esta no es la primera vez que Morena pretende enmendar las leyes a su beneficio, tal como hacía Juan Vargas en la Ley de Herodes. Ojalá esta no termine siendo otro trofeo vergonzoso como las emblemáticas Ley Taibo y Bonilla.
Otro aspecto grave que no puede pasar desapercibido es que el Paquete Económico 2021 incluye una propuesta de reforma cuyo objeto es limitar la adopción de acuerdos conclusivos, acotando plazos para su celebración y definiendo causas de improcedencia. Esto sin dudas atará de manos a la Prodecon, ya que precisamente los acuerdos conclusivos emanan de una propuesta de este organismo, por lo cual ha orientado sus esfuerzos y recursos humanos al desarrollo y aprovechamiento de este innovador mecanismo de solución de controversias en materia fiscal.
@hecromg
