Durante los últimos quince años, múltiples funcionarios en México —tanto a nivel municipal como estatal— han sido señalados por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado. De acuerdo con una recopilación de casos judiciales y reportes periodísticos, los partidos PRI y Morena lideran la lista de los más implicados, seguidos por coaliciones del PAN, PRD, y partidos locales como Chiapas Unido.
En total, se identificaron al menos 12 funcionarios —entre alcaldes y gobernadores— con señalamientos, detenciones o condenas por colaborar directa o indirectamente con grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, Los Zetas, y el Cártel del Golfo.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acumula el mayor número de casos, con cinco figuras destacadas, incluidos exgobernadores como Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Mario Villanueva (Quintana Roo), todos acusados o condenados por delitos relacionados con lavado de dinero, corrupción o vínculos con el narcotráfico.
Por su parte, Morena aparece en la lista con dos gobernadores recientes: Cuauhtémoc Blanco (Morelos), señalado por reuniones con líderes criminales, y Mara Lezama Espinosa (Quintana Roo), cuya gestión ha sido cuestionada por presuntos pactos con el CJNG durante su etapa como alcaldesa de Cancún.
En los municipios, los vínculos abarcan desde funcionarios detenidos por vínculos operativos con grupos criminales —como los alcaldes de Bella Vista y Frontera Comalapa en Chiapas— hasta presidentes municipales que aparecen en videos con miembros de cárteles, como ocurrió en Morelos.
El caso más reciente es el de José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán (Jalisco), detenido en 2025 por supuestos nexos con el CJNG, lo que ha encendido nuevas alarmas sobre la infiltración del narcotráfico en los gobiernos locales.
