Por Verónica Juárez Piña
La publicación de una serie estadística, elaborada por la analista de datos y divulgadora científica conocida en X como Montse (@lapanquecita), ha puesto al descubierto una realidad alarmante: cientos de niñas han sido madres de bebés cuyos padres son hombres adultos que les triplican —o más— la edad. Esta información, basada en datos de la Secretaría de Salud, no solo confirma el fracaso de las políticas públicas para prevenir el embarazo infantil, sino que también revela la impunidad con la que se siguen cometiendo abusos sexuales contra menores de edad en nuestro país.
Esta investigación deja claro que los esfuerzos actuales son insuficientes. Urge una estrategia integral que garantice efectivamente los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que no se limite únicamente a apoyos económicos derivados de programas sociales.
Los casos más escalofriantes corresponden a las niñas de menor edad: una madre de 10 años en Texcoco, Estado de México, cuya pareja tiene 32; otra de 11 años en Matehuala, San Luis Potosí, vinculada a un hombre de 47; y una más, de 12 años, en El Oro, Estado de México, cuya pareja tiene 65. En estas historias se reflejan diferencias de edad de hasta 53 años entre los hombres y las niñas.
La difusión de esta información provocó indignación en redes sociales, así como una reacción inmediata de diversas colectivas defensoras de los derechos de la infancia. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su sorpresa y, durante la conferencia matutina del 3 de julio, se comprometió a abrir una investigación sobre estos casos.
Este compromiso debe traducirse en acciones concretas. No basta con investigar casos aislados: es momento de revisar y fortalecer de manera urgente las políticas y estrategias para prevenir el embarazo infantil y adolescente, así como de redoblar esfuerzos para erradicar el abuso sexual infantil.
Particularmente, debe evaluarse a fondo la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo es reducir en 50% la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años para 2030, y eliminar por completo los embarazos en niñas menores de 15 años.
También es fundamental que se apliquen con rigor las reformas de junio de 2019 al artículo 148 del Código Civil Federal, que prohíben el matrimonio antes de los 18 años y eliminan cualquier posibilidad de otorgar dispensas o permisos especiales para que niñas y niños se casen.
Las cifras son contundentes. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), cada día nacen más de mil bebés de madres menores de edad. En 2020, se registraron 373,661 nacimientos de adolescentes menores de 18 años; de ellos, 8,876 fueron de niñas entre 12 y 14 años (ONU, septiembre 2021). Además, la UNAM señala que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años (Boletín UNAM-DGCS-729).
Es evidente que la estrategia para prevenir el embarazo infantil, el embarazo adolescente y el matrimonio forzado enfrenta graves deficiencias. Reconocer este fracaso no es una derrota, sino un primer paso indispensable para replantear el rumbo.
El estado tiene la responsabilidad de actuar con urgencia, escuchando a las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy más que nunca, es imprescindible que exista coordinación, compromiso y voluntad política para construir un país donde ninguna niña sea madre, donde ningún abuso quede impune, y donde la infancia sea verdaderamente protegida.
