Luego de las declaraciones del despacho de abogados que representan al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) sobre las supuestas medidas de “protección para evitar invasiones al estacionamiento del aeropuerto” los ejidatarios y sus representantes legales denunciamos las intimidaciones y provocaciones que desde este viernes han sido objeto por parte de los empresarios españoles que amenazan con un desalojo ilegal.
Las medidas que el despacho Rincón, Mayorga, Román Abogados, dicen tener, les fueron otorgadas el año pasado (FED/JAL/GDL/0004503/2018), por la entonces PGR, antes de entrar en funciones las actuales autoridades federales y estatales, pero dichas medidas son derivadas de diversos actos de corrupción orquestados por este despacho de abogados con jueces y el ministerio público. Las corruptelas ya están asentadas en la carpeta de información respectiva.
Es importante señalar que Rincón, Mayorga, Román Abogados, es uno de los despachos señalados por el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Consejo de la Judicatura Federal como parte de la red de corrupción en el Tercer Circuito al cual pertenece Jalisco, que ha derivado que el propio Consejo de la Judicatura removiera de adscripción a más de 16 funcionarios judiciales del Estado pertenecientes al Poder Judicial Federal.
Hay que recordar que la ley anticorrupción enumera que no solamente es responsable de corrupción la autoridad que la comete, sino también el que la promueve, en este caso el GAP y el despacho Rincón, Mayorga, Román Abogados. Por lo anterior, si esas medidas derivadas de acciones de corruptela son acatadas, cualquier autoridad que quiera ejecutar un acto, caerá en la misma responsabilidad que se le está señalando.
Exhortamos a las autoridades estatales y federales a no prestarse y formar parte de estas corruptelas promovidas por abogados y empresarios que carecen del mínimo respeto al Estado de derecho en nuestro país.
Que quede claro, no permitiremos un desalojo ilegal, los ejidatarios están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su derecho a la libre manifestación, que por cierto ha sido respetuosa y pacífica, siempre privilegiando el respeto a usuarios y pasajeros. Es importante señalar que el aeropuerto no está “tomado”, funciona con normalidad. Los ejidatarios no han interferido ni lo harán en ningún vuelo, acceso o situación que perjudique a usuarios.
Insistimos los terreno donde se encuentra el estacionamiento han sido y son propiedad de los ejidatarios de El Zapote, tierras que fueron vilmente despojadas por los seudoempresarios españoles que manejan al GAP.
Los ejidatarios no cesaran en su lucha por defender lo que es suyo, siempre apegados a derecho y respetando los ordenamientos jurídicos de las autoridades, lo que obviamente el GAP no ha hecho.
