Por: Verónica Juárez Piña
En el marco del inicio de la revision del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la Conferencia Nacional de Legisladoras y ONGS, Contra la Violencia, Por los Derechos Humanos: Presupuesto 2020, en la que participaron especialistas, representantes de organizaciones civiles e instituciones, y legisladoras; y en la que tuve oportunidad de participar.
Celebro que este Parlamentato Abierto se haya llevado a cabo porque es necesario que todas quienes trabajamos, desde diversos ámbitos, en la defensa de los derechos de las mujeres, nos escuchemos.
Es pertinente que nos pongamos de acuerdo y que, con independencia de los colores partidarios, salgamos todas las mujeres juntas y unidas a seguir luchando por la garantía de los derechos de las mujeres y de las niñas.
A través de diversos testimonios y de la opinión de las ponentes, escuchamos cuáles son las circunstancias en las que viven muchas mujeres, en un contexto de violencia que de manera cotidiana tiene lugar en todo el país y que las victimiza, de manera particular.
La intimidación que sufren las mujeres y las niñas día a día, nos ha conducido a un estado de insensibilidad social por la gravedad, la saña y la inquina con la que actúa hoy la delincuencia organizada, en donde la vida se encuentra devaluada y la única protección que tienen las ciudadanas y los ciudadanos es quitar importancia al evento para que sea menos doloroso.
Cuerpos colgados en puentes, masacres en fiestas, centros nocturnos, descuartizados, entre otros horrores, son la nota diaria de nuestra vida.
La violencia contra las mujeres es imparable. Cada día a diez mujeres se les arrebata la vida en nuestro país, lo cual nos pone entre los 25 países más peligrosos para las mujeres, dejando en la desprotección del Estado a más de la mitad de la población.
Todo ello ha sido generado y multiplicado por la rampante impunidad con la que actúan los agresores ya que, según las cifras oficiales, de enero a junio de este año se contabilizaron 1,364 homicidios dolosos en los que las víctimas son mujeres, en comparación con los únicamente 448 casos más que están siendo investigados como feminicidios, lo cual comprueba, de manera fehaciente, la incapacidad de las autoridades ministeriales para coadyuvar en la disminución de este fenómeno.
Este ambiente se refleja también en la violencia estructural que sufren niñas, niños y adolescentes. En México diariamente son asesinadas 3 niñas y niños, y 4 más son desaparecidos. Además, hay que recordar cómo las y los niños son levantados y convertidos en delincuentes, en sicarios, y que privados de su humanidad, asesinan a sangre fría.
Y todo ello es consecuencia de un escenario de violencia generalizada en la que únicamente vemos elevarse los números de homicidios, olvidando que se trata de personas e historias, de vidas.
Sólo en el primer semestre de este año se perdieron 17 mil 608 proyectos de existencia, más de 17 mil aspiraciones truncadas. Periodistas, defensores de derechos humanos y todos aquéllos que representan una amenaza para la delincuencia son eliminados, borrando su presencia y mandando una advertencia para quienes restan con vida.
Una vez más, observamos cómo las personas migrantes, anhelando una vida más digna, sufren en territorio nacional la violencia institucionalizada, siendo víctimas de vejaciones y violaciones a sus derechos, como las que nosotros denunciamos y ante las que protestamos cuando son cometidas allende nuestras fronteras en contra de las y los mexicanos; pero que en nuestro país únicamente encuentran el silencio y la ignorancia, mientras respondemos servilmente al patrón del norte que nos impone las medidas a tomar.
Ante esto, como Estado, en México urge que podamos construir nuevas políticas que generen mejores condiciones de vida, en paz, para todas y todos quienes viven en nuestro territorio nacional y la única respuesta que se ha dado es la creación de un cuerpo militar que, alejado de su espíritu fundacional, constituye una extensión extraordinaria de las Fuerzas Armadas, sin capacitación policiaca, sin capacitación en derechos humanos o en la atención de víctimas.
Es por eso indispensable que, lo antes posible, el Poder Legislativo, y de manera particular la Cámara de Diputados, den una respuesta, que hagamos lo que tenemos que hacer, particularmente en la asignación del presupuesto necesario para atender las necesidades de las mujeres el año que viene.
El anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 no es suficiente. Tenemos que vernos reflejadas en todo el presupuesto de manera transversal y para eso también se va a requerir que todas y todos seamos muy firmes, pero sobre todo nosotras, que vayamos a exigir el cumplimiento de la ley, que no es otra cosa.
Estamos hablando de la Ley para la Igualdad, de la Ley para Combatir la Violencia Contra las Mujeres, ahí está la Constitución, donde dicen que somos iguales, y cuando hablamos de la igualdad sustantiva no significa que queremos ser igual que los hombres: lo que significa es que queremos las mismas oportunidades y si éstas no se ven reflejadas en el presupuesto, será pura demagogia.
De ahí el compromiso que asumimos las legisladoras y de la importancia que junto con las organizaciones e instituciones que defienden los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; nos unamos para conseguir un presupuesto justo porque es nuestro derecho.
Las legisladoras estamos siempre en la mejor disposición para debatir, para reflexionar, pero sobre todo para construir. Vayamos juntas, porque juntas somos invencibles.
