El diputado local José de Jesús Hurtado Torres acudió la mañana de hoy a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a presentar una denuncia por las presuntas irregularidades en la licitación del programa «A Toda Máquina» que recientemente implementó el Gobierno del Estado de Jalisco.
«Es contra quien o quienes resulten responsables de haber actuado de manera irregular en este proceso de licitación. Si bien es cierto, pueden haberse cubierto todas las etapas y las formas en materia administrativa, lo que la ley castiga o sanciona como delito, no es que se cubran o no las formas legales, sino que haya hechos probablemente constitutivos de delito. Aquí hay la actuación, probablemente, por interpósita persona», señaló el legislador Hurtado Torres.
Explicó que en el artículo 152 del Código Penal del Estado, se tipifica el uso ilícito de atribuciones y facultades de los servidores públicos, entre otros (Fracción VII) a quien «otorgue por sí o por interpósita persona, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, deducciones o subsidios; efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico en beneficio propio, de su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia directa, socios o a sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte».
Existe, dijo el diputado local, la posibilidad y la probabilidad de que se haya actuado por interpósita persona para este arrendamiento. Sin embargo, destacó que la pregunta fundamental en este caso es: ¿Porqué rentar lo que se pudo haber comprado o adquirido en propiedad?
«Se está rentando mucho más caro que si se hubiese comprado. Esta interrogante es la que detona todas las demás, y todas las demás son meramente accesorias de la pregunta fundamental (…) de ahí se deriva el que hayan sido empresas relacionadas las que solamente cubren los requisitos, que tengan el mismo domicilio fiscal, que tengan el mismo representante legal, y cuyo representante legal haya trabajado con anterioridad en las notarías que están muy relacionados por vínculos afectivos con el titular del Poder Ejecutivo», externó.
Adicionalmente, manifestó tener una gran esperanza en la Fiscalía Anticorrupción «porque está a prueba» y que realmente es en este caso en donde se verá «de qué está hecha», pues hay elementos que claramente están señalados en el Código Penal del Estado y si el Fiscal los acredita, podría fincar responsabilidades penales.
