Por: Verónica Juárez Piña
Vicecoordinadora GPPRD
Cámara de Diputados
El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el Presidente Electo, no aporta ningún instrumento nuevo a los que se han venido implementando por gobiernos anteriores, no hay ningún elemento de acción a corto o mediano plazo ni tampoco ninguna alusión al problema que nos ha traído a la situación actual: la atención de los cuerpos policiacos y su profesionalización.
El Plan propone la creación de la Guardia Nacional que, en realidad, es una nueva versión del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal –de Felipe Calderón Hinojosa—y la Gendarmería – de Enrique Peña Nieto.
De hecho, la propuesta va en sentido contrario a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la totalidad de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
“Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Tribunal Constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha Ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. Asimismo, una parte de sus miembros se pronunció por la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia de seguridad interior”. (SCJN, 15/11/2018)
Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta, que ha desatado una ola de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos y especialistas, es que propone reforzar la militarización de la seguridad pública.
Además, la estrategia lesiona el Pacto Federal porque minimiza las facultades de los estados y municipios en materia de seguridad pública y no establece contrapesos a las decisiones del Ejecutivo.
Por ejemplo, no hace alusión alguna a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a su profesionalización o dignificación, ni tampoco al Poder Judicial.
Justamente, eso provocó que decenas de organizaciones civiles que habían construido acuerdos con el Presidente Electo para sacar adelante la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que deja fuera cuestiones esenciales como la reforma al 102 constitucional; optaran por retirar el respaldo a la propuesta cuyo dictamen ya fue aprobado por Senado de la República y turnado para su discusión a la Cámara de Diputados.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones sociales condenaron que AMLO se haya negado a aprobar una reforma constitucional para dotar de autonomía plena a la Fiscalía, y en cambio impulsará un cambio a la Carta Magna para dejar en manos de los militares el combate al crimen.
En esencia, no hay nada nuevo respecto a lo realizado por los gobiernos de Calderón Hinojosa y Peña Nieto. Los militares seguirán en las calles, no habrá retiro ni a corto ni mediano plazo sino, al contrario, se refuerza la militarización de la seguridad pública.
La próxima semana el Congreso de la Unión discutirá la iniciativa con proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional que constituye la columna vertebral del mencionado Plan Nacional.
Espero que en este tema -y en el de la Fiscalía General- la mayoría de Morena sea sensata y esta vez sí integre las propuestas de la oposición, organizaciones civiles y especialistas y no se aferre a aprobar un proyecto que significa más de lo mismo.
Las mexicanas y mexicanos están cansados de tanta violencia e inseguridad, así lo expresaron el 1 de julio. Ojalá lo entiendan de una vez por todas y no sigan interpretando el mensaje en las urnas a su arbitrio y conveniencia de sus proyectos políticos partidistas y personales, sino en el bien de toda la sociedad.
