El diputado, Augusto Valencia, informó que se reunió con diferentes autoridades estatales y municipales para que se aplique la normatividad para la regulación de escoltas en Jalisco a través de una reglamentación interna armonizada con la ley estatal.
El diputado de Movimiento Ciudadano manifestó que el objetivo es inhibir el uso indiscriminado de escoltas y evitar el abuso de ex funcionarios que tienen asignados custodios para el servicio de su seguridad.
Resaltó que es necesario tener un control y registro de personas que están armadas en Jalisco, por lo que es indispensable crear un padrón general que especifique el nombre, número de escoltas y a la vez se capacite al personal que brinde dicho servicio.
Dijo que en el listado se debe incluir a los funcionarios estatales, municipales y a los prestadores del servicio particular, sin excepción alguna.
Indicó que una vez publicada en el Periódico Oficial, la Fiscalía General de Jalisco tendrá un término de 90 días hábiles para realizar las modificaciones o adecuaciones a sus reglamentos y disposiciones administrativas que resulten aplicables para dar cumplimiento a esta reforma e instaurar el Servicio Estatal de Protección.
Detalló que en la ley se establece que sólo tendrán derecho a tener servicio de guardaespaldas algunos servidores públicos como el gobernador, el presidente del Supremo Tribunal, Fiscales, el comisionado de Seguridad Publica, el secretario de gobierno, el comisario de Seguridad Pública Municipal y sus familiares de primer grado.
Valencia López señaló que todos los demás servidores públicos que requieran el servicio de custodia tendrán que ser sometidos a un análisis de riesgo que se llevará a cabo a través del Servicio de Protección Estatal con la colaboración del Consejo Ciudadano de Seguridad, a fin de evitar abusos políticos.
Precisó que cualquier ciudadano puede solicitar escoltas siempre y cuando corra un peligro su vida y el estado tendrá la obligación de adoptar mecanismos de protección a todas aquellas personas que están expuestas a un nivel de riesgo superior al normal, y el Servicio de Protección Estatal proporcionará servicios de custodia con los elementos que resulten necesarios conforme a un análisis de riesgo.
