Por: Verónica Juárez Piña
La masacre de la familia de integrantes de la comunidad LeBarón en México, sacudió a México no sólo por la brutalidad del atentado, sino porque entre las víctimas se encuentran seis niñas y niños.
La violencia, auspiciada por el fracaso de la lucha contra el crimen organizado del gobierno en turno y de los dos últimos, la creciente impunidad, la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la reducción drástica de presupuesto para seguridad; ha convertido a los infantes y adolescentes en los grupos de la población del país más afectados por las acciones del crimen organizado y la delincuencia.
De acuerdo con el Estudio “Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México”, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio de personas entre 0 y 19 años, al pasar de 1,002 a 2,858, y entre 2016 y 2017 el número de homicidios tuvo su mayor incremento, que fue del 22.5%.
El estudio destaca que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, a abril de 2018 hay 36,265 en esa condición en el fuero común, de las cuales el 18% tiene entre uno y 17 años, y el 92.7% de esas desapariciones ocurrieron entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años desaparecidos por cada 100,000 habitantes menores de 18 años. Sólo en los primeros 10 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha reportado el homicidio de 796 niños y adolescentes. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para la infancia, incluso por encima de naciones que desde hace años sufren situaciones de guerra declarada, como Siria e Irak. (Proceso, 9/11/2019)
A manera de conclusión, la CNDH y la UNAM advierten que la existencia y el incremento de la victimización de niñas, niños y adolescentes es consecuencia de la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.
Puntualizan que una de las frecuentes violaciones que impactan la vida de niñas, niños y adolescentes en el país es la desaparición impune de sus madres, padres, hermanos y/o compañeros; niñez y adolescencia en contextos de crimen organizado sufren violaciones a sus derechos a la libertad y seguridad.
En ese sentido, plantean que el contexto institucional relacionado con la protección a ese sector poblacional no goza de eficacia suficiente; la distintas formas de violencia a que están expuestas las personas menores de edad, incluyendo la derivada de la actuación del crimen organizado, requieren tratamiento integral; se necesitan investigaciones y estudios específicos sobre niñez y adolescencia, y la resiliencia frente a la violencia cotidiana de niñas, niños y adolescentes se asume como asunto privado y familiar.
Es cierto que la violencia del país es producto de un conjunto de problemas, no sólo complejos sino añejos. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRD ha venido insistiendo que se requiere corregir las acciones que en materia de seguridad ha implementado el actual gobierno, porque a todas luces es evidente que lo que ha hecho hasta el momento no funciona.
Se necesita construir una estrategia integral, que involucre a todos y cada uno de los niveles de gobierno y poderes, pero también a los diversos grupos de la población y, por supuesto, destinar los recursos necesarios para que las dependencias y las políticas públicas involucradas no sólo puedan operar, sino que den resultados.
El replanteamiento de esta estrategia pasa por valorar si los responsables de las dependencias de seguridad y procuración de justicia, tanto federales como estatales, tienen la capacidad necesaria; y si los mecanismos de coordinación institucional realmente funcionan.
Hay que hacer a un lado intereses políticos y aceptar con toda claridad que el Estado Mexicano está fallando en garantizar el interés superior de la infancia. Tenemos que sumar esfuerzos, más allá de partidos y visiones políticas, para fortalecer las redes de protección de la infancia y adolescencia.
La tarea es inmensa, pero es urgente, no podemos permitir que sigan asesinando a niñas, niños y adolescentes, ni dejar sin la protección debida a las hijas e hijos de las madres y padres víctimas de homicidios.
Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a todas y todos los mexicanos, pero particularmente para arrancar a la infancia y adolescencia de las garras del crimen organizado y de la delincuencia.
