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Pacta Sunt Servanda

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Por: Héctor Romero Fierro

Este aforismo latino establece el principio fundamental del derecho internacional de que los tratados deben ser cumplidos, principio incondicional adoptado desde el Derecho Romano, contemplado en la convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados que establece: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”, lo encontramos consagrado en el preámbulo de la carta de las Naciones Unidas, y el párrafo 2 del artículo 2 que dice:” sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con dicha carta”.

Por lo anterior, López sabe que el diferendo comercial con Estados Unidos y Canadá por los incumplimientos en materia de energía eléctrica lo tiene perdido, pero su estrategia es demasiado obvia, casi entrando al período electoral convoca a los mexicanos a defender la soberanía nacional en materia energética. Ya tiene, como le gusta, un enemigo a quien hacerle frente, esos extranjeros que quieren arrebatar a México su soberanía energética, aunque eso sea falso. Será su narrativa en los próximos meses, con ello pretende obtener el respaldo popular en una lucha a muerte, cual Don Quijote peleando contra los Molinos de viento, pleito que él calcula, le provocará altos dividendos electorales en miras al 2024 y le permitirá, solo entre los caquistas, estar a la altura de Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos, aunque el resultado final sea muy costoso para nuestro país.

Su narrativa es más falsa que un billete de tres dólares. Para iniciar debemos aclarar que el futuro conflicto con Estados Unidos y Canadá se centra en las generadoras de energía eléctrica y en nada con el petróleo, el cual sí está relativamente protegido por nuestra Constitución y contiene una reserva expresa en el capítulo 8 del Tratado T-MEC, que es un documento comercial, no político. El propio López reconoce que ese capítulo ellos lo redactaron, pero lo centraron en el petroleo, aunque ahora pretendan, como mañosos que se niegan a cumplir con lo pactado, que el mismo se refiriera en general a la “política energética”, lo cual es falso.

Si analizamos el texto del Tratado o sus anexos, no encontramos ninguna limitación o reserva al tema de la energía eléctrica que nuestro país haya formulado al respecto y en el discurso de firma del T-MEC en 2018, el negociador por parte de MALO, Jesús Seade aceptó que la energía eléctrica sí era parte del trato internacional, e incluso afirmó: “El presidente electo (MALO) ha sido muy claro en público y en privado, ha enfatizado que no piensa echar para atrás la reforma eléctrica, no piensa cambiar la Constitución y sin duda respetará el marco legal existente.”

México pretende ahora escudarse en el capítulo 8 del Tratado y que por su importancia me permito insertar: “Según lo dispone este Tratado, las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b)   México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Lo anterior es acorde con el texto constitucional de la Reforma Energética de Peña Nieto, donde, a contrario de la equívocas afirmaciones chairas, nunca se entregó, como insisten día a día, el petróleo a manos extranjeras. El artículo 27 Constitucional es muy claro al establecer: “ Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, ……… los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos;…..” En materia eléctrica, solo se reservó a favor de la nación (28) “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”, y se insistió al señalar: “la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos”. Por lo anterior queda claro, que no está expresamente restringida la generación de energía eléctrica en ninguna de sus modalidades. Luego entonces, ¿Dónde esta la pérdida de soberanía?

Montado en esa narrativa, califica de “traidores a la patria” a los que criticamos esa errónea posición, ya que es muy peligroso para el país el incumplimiento de un Tratado Internacional, que por cierto, al haber sido ratificado por nuestro Senado tiene la jerarquía constitucional de ley suprema, esto es, su aplicación y cumplimiento está por encima, incluso de las leyes federales, entre otras la de la Industria Eléctrica recientemente promulgada por López. No me vengan con ese cuento de que un tratado es un tratado.

Las consultas iniciadas por nuestros socios comerciales al amparo de los artículos 31.2 sobre Ámbito de aplicación y 31.4 sobre Consultas, del T-MEC, fijan un plazo de 75 días para lograr un acuerdo. De no lograrse dada la cerrazón populista de López, podrán solicitar que se constituya un panel. Y si éste no tiene retrasos, en este se deliberaría entre abril y mayo de 2023, al ser desfavorable a México el laudo arbitral se deberá adaptar nuestra legislación en solo 45 días, de no hacerlo, ambos países impondrán aranceles a nuestras exportaciones, principalmente en los sectores que mas nos afectarían entre otros a vehículos y autopartes, eléctrico-electrónico, cerveza y vinos de mesa, tomate, aguacate, cebolla, berries y dispositivos médicos, donde se centran las principales exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá.

Pero lo mas grave es la pésima imagen que da nuestro país ante inversionistas extranjeros, cerrando prácticamente la posibilidad de que, ante la falta de seguridad jurídica, venga a nuestro país inversión extranjera tan necesaria en este momento en que entramos en una crisis económica severa, provocada por López, el COVID y la guerra en Ucrania. Primero te invitaron a participar, se incorporan a nivel constitucional reglas claras, ya que realizaste inversiones multimillonarias, te cambian las reglas y te dicen que te formes y que si un día la CFE necesita energía entonces te la comprarán. Es claro que hay graves violaciones a todas esas empresas, tanto mexicanas como extranjeras, que invirtieron y que ahora, les cambian las reglas, y las dejan fuera de competencia. No tardan los europeos en iniciar acciones legales iguales.

Apenas estábamos tratando de entender la conducta de MALO ante estos hechos, cuando con una actitud dictatorial y en franca violación al texto constitucional, decreta la invasión de ocho predios para continuar la etapa 5 del Tren Maya, publicando un inconstitucional decreto en el Diario Oficial de la Federación del pasado día 23, ordenando la ocupación temporal (sic) total e inmediata de 165 mil 250.25 metros cuadrado. Ahora inventan que dicha obra, por su ubicación geográfica, es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica (seguridad nacional).

Sin duda cada día se atenta más contra la propiedad privada y el estado de Derecho, alejando a los inversionistas nacionales y extranjeros con actitudes similares a las de Chávez y Maduro. Sin duda todo esto, más el desconocimiento de contratos ya firmados por Pemex y el pleito con las calificadoras, acelerará aun más la fuga de capitales y que la inversión extranjera decida emigrar a países más seguros, donde reine ese concepto que pretendemos ignorar: “seguridad jurídica”. Al tiempo.

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