El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, emitió una declaración para aclarar la situación que llevó a la emisión de una alerta de viaje por parte del gobierno de Estados Unidos en relación con hechos ocurridos en Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. La nota surge tras reportes de secuestros en la zona, que el gobierno estadounidense vinculó con actividades delictivas.
Lemus explicó que el incidente en cuestión ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando cuatro ciudadanos extranjeros llegaron a Puerto Vallarta y se hospedaron en un hotel del municipio. Posteriormente, contrataron servicios sexuales mediante una aplicación de citas, lo que, según afirmó, fue el origen del problema. La situación se complicó cuando las personas que contrataron los servicios se trasladaron a un alojamiento en Nuevo Nayarit, donde fueron retenidas por individuos que les solicitaron llamar a sus familiares para pedir rescate a cambio de su liberación.
El mandatario estatal precisó que, en realidad, no se trató de un secuestro, sino de un caso de extorsión. Según su versión, las víctimas fueron obligadas a realizar llamadas para realizar transferencias económicas, pero que en ningún momento hubo violencia ni heridas. Además, afirmó que tanto la Fiscalía de Nayarit como la oficina consular de Estados Unidos en Guadalajara estuvieron en contacto durante el proceso, logrando la liberación de las víctimas horas después sin mayores incidentes.
Por último, Lemus Navarro hizo un llamado a la ciudadanía, tanto local como extranjera, para evitar contratar servicios sexuales o «personales» a través de aplicaciones móviles, pues estas actividades pueden involucrar delitos como la trata de personas, incluyendo el posible involucramiento de menores de edad. Recordó que en casos recientes, como el del productor de pornografía Alex “N”, las investigaciones continúan y las personas involucradas enfrentan sanciones judiciales, incluyendo prisión.
La aclaración del gobernador busca mitigar la percepción de inseguridad en la región y promover una mayor precaución ante la proliferación de delitos vinculados a plataformas digitales y actividades ilícitas.
