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Organizaciones rechazan el manejo de información, que pone en riesgo a personas defensoras de derechos humanos en Jalisco

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Diversos medios de comunicación nacionales y locales reprodujeron, íntegra, la nota titulada “Ubican 11 grupos políticos detrás de protestas en Jalisco” o “En Jalisco, al menos 11 grupos políticos, detrás de los disturbios”, originalmente publicada en el diario El Financiero.

Sin especificar la fuente de su información, y sin ofrecer pruebas, el periodista Juan Carlos Huerta hace un listado de personas, grupos vecinales y organizaciones de la sociedad civil que, según su versión, llamaron no sólo las manifestaciones, sino a las expresiones violentas, “los disturbios”, en ellas.

La nota inicia afirmando que “Detrás de las manifestaciones de los últimos tres días en Guadalajara —que dejaron un saldo de 28 detenidos y posteriormente liberados, así como seis jóvenes aprehendidos por dañar la infraestructura pública— hay al menos 11 grupos políticos y sociales activos en la entidad”.

Entre el listado, que carece de sustento, se menciona que “En las manifestaciones participaron también integrantes de organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión, entre las que destacan el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) —fundada en Guadalajara en 1963, y que apoya temas de Educación, Comunicación Popular, y los bienes comunes—, y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), organismo vinculado al ITESO, que apoya en defensa de violaciones de los derechos humanos”. Además, que “asistieron representantes del organismo proderechos de las mujeres Red feminista YoVoy8deMarzo”, entre otros.

Ante esta nota, cuyo contenido es irresponsable porque propicia la confusión, y puede alentar ataques en contra de organizaciones que han trabajado muy activamente a favor de la justicia y el respeto a la dignidad humana, negamos absolutamente la acusación publicada en El Financiero y otros medios de que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario AC, el ITESO y la Red feminista YoVoy8deMarzo estén relacionados con la instigación a la violencia.

Por el contrario, esas organizaciones han documentado y acompañado la denuncia por las detenciones arbitrarias de jóvenes, las desapariciones de personas y los maltratos que han recibido quienes estaban bajo custodia policial.

En momentos de polarización, violencia y crisis como los que vivimos en Jalisco, consideramos que señalamientos como los de la nota citada, además de desinformar ponen en riesgo la labor de defensa de derechos humanos de estas organizaciones y sus integrantes. Máxime, cuando el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha reconocido el actuar descontrolado de funcionarios policiales y la infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones.

En su informe de visita a México en 2017, el entonces relator sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, alertó sobre “el número de campañas difamatorias contra los defensores de los derechos humanos —organizadas bien por políticos, bien por los medios de comunicación—”, y dijo que “la estigmatización tiene también un componente de género, cuando se dirige contra las defensoras de los derechos humanos”, lo que claramente aplica en estos momentos en Jalisco.

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