Una corte federal brasileña en la ciudad de Bahía ordenó que el Ministerio de Educación (MEC), levante el bloqueo a los recursos de las universidades federales, al considerar que al aplicar tal medida se debe garantizar que no interferirá en la continuidad de las actividades académicas.
La decisión fue adoptada la noche del viernes por la jueza Renata Almeida de Moura, de la Séptima Corte Federal, en Salvador de Bahía, en respuesta a un total de ocho demandas populares y civiles públicas, juzgadas después del anuncio gubernamental de abril pasado del bloqueo de recursos universitarios.
El bloqueo de fondos de las instituciones de enseñanza debe contar con un «previo estudio técnico y minucioso, inclusive, la participación de los representantes de estas instituciones», para garantizar que la medida no interfiera en la continuidad de las actividades académicas, indicó la resolución.
«No se está aquí defendiendo la irresponsabilidad de la gestión presupuestaria, ya que es deber del administrador público dar cumplimiento a las metas fiscales establecidas en la ley», aclaró el documento de la jueza.
Sin embargo, puntualizó que este cumplimiento debe asegurar «que los límites de compromiso, especialmente en áreas sensibles y fundamentales, según la propia Constitución Federal, tengan por base criterios amparados en estudios que garanticen la efectividad de las normas constitucionales», acotó la sentencia.
Según el gobierno, los fondos universitarios bloqueados representaban 30 por ciento de recursos discrecionales, que sirven para pagar cuentas como agua, energía, vigilancia y limpieza, lo que representaría 3.4 por ciento del presupuesto total de las universidades.
Sin embargo, la jueza apuntó que los bloqueos son sustancialmente superiores a los realizados en años anteriores, que «varían del 6.4 por ciento en 2016 al 16.8 por ciento en 2017, el 8.5 por ciento en 2018 y, finalmente, el porcentaje muy superior del 31.4 por ciento en 2019».
«Estos límites no deben permitir la inobservancia de preceptos constitucionales, tales como el derecho social a la educación y la obligación de la Unión de financiar las instituciones de enseñanza federales», apuntó el fallo de la jueza, quien dio 24 horas al MEC para cumplir, y fijó una multa de 100 mil reales al día si no lo hace.
La asesoría de prensa del MEC informó que la cartera aún no ha sido notificada sobre la decisión, y que la defensa judicial es competencia de la Abogacía General de la Unión (AGU), la cual informó a la Agencia Brasil que tampoco fue enterada, y señaló que el gobierno puede recurrir la decisión.
