El proyecto de dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, distribuido anoche por las comisiones del Senado, introduce cambios significativos respecto a la versión aprobada en abril pasado, con énfasis en la regulación del acceso a internet, la protección de las comunicaciones privadas y las restricciones a la difusión de propaganda extranjera.
Dentro de las disposiciones, la ley ordena que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, especialmente aquellos que prestan servicio móvil, solo podrán activar y mantener líneas asociadas a usuarios que hayan presentado una identificación oficial, incluyendo la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta medida busca fortalecer los controles en la prestación del servicio y vincula directamente la identificación del usuario con su acceso a internet.
Asimismo, la normativa reafirma que las comunicaciones privadas son inviolables, estableciendo que solo una autoridad judicial federal, mediante una orden, podrá intervenir comunicaciones privadas en caso de ser requerida por la ley o por la autoridad competente. Además, obligan a los concesionarios a colaborar con las instancias de seguridad y justicia, permitiendo la localización en tiempo real de los equipos terminales y la conservación de datos por un periodo de dos años, con un plazo máximo de 24 horas para entregarlos ante una solicitud legal.
En materia de libertad de expresión, la ley garantiza que el derecho a informar, expresar y recibir contenidos a través de radiodifusión, televisión y audio restringido será respetado, sin que estas actividades sean objeto de persecución, investigación o censura previa, en concordancia con la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables.
Por otro lado, la legislación restringe la difusión de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo promovida por gobiernos extranjeros, permitiendo únicamente aquella relacionada con promoción turística, cultural o deportiva. Además, establece que las plataformas digitales con contenidos en territorio nacional no podrán comercializar espacios publicitarios para difundir propaganda o información de gobiernos extranjeros, salvo en los casos mencionados.
El proyecto de dictamen también contempla la prohibición de que los medios de comunicación nacionales sean utilizados por gobiernos extranjeros para influir en asuntos internos del país, reforzando así la soberanía en materia de información y comunicación.
Estas medidas, que aún deben ser discutidas y aprobadas por el pleno del Senado, generan un debate sobre el equilibrio entre seguridad, libertad de expresión y derechos individuales en el entorno digital y mediático nacional.
