Por: Dip. Verónica Juárez Piña, Vicecoordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados
El Partido de la Revolución Democrática apoyó desde el Congreso de la Unión los esfuerzos de los colectivos #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras organizaciones civiles, para impedir que Enrique Peña Nieto impusiera en la Fiscalía General a Raúl Cervantes. Con la misma firmeza nos opondremos a que Andrés Manuel López Obrador imponga su Fiscal Carnal.
Esta semana se discutirá el tema en la Cámara de Diputados y todo indica que la mayoría de Morena pretende imponer un proyecto de Ley Orgánica para crear una nueva Fiscalía General a gusto de AMLO, que traiciona incluso los acuerdos alcanzados con organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición.
Los colectivos #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás e instituciones académicas trabajaron en las últimas semanas en 15 mesas técnicas con un equipo nombrado por el Presidente Electo, legisladoras y legisladores para construir una Ley Orgánica para la próxima Fiscalía General y un informe de la mesa técnica sobre los cambios constitucionales que deberían considerarse para asegurar su buen funcionamiento.
Los representantes de Andrés Manuel, legisladoras y legisladores de Morena asumieron el compromiso de llevar esos acuerdos al Congreso de la Unión para integrarlos al dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero de acuerdo con denuncias de las propias organizaciones sociales, la propuesta que está por presentarse no garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficiencia y malas prácticas de la actual Procuraduría General de la República.
Tampoco garantiza la independencia de los fiscales para investigar, y posterga el plazo previsto para que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General de la República desarrolle el proceso de consulta ciudadana orientado a promover cambios estructurales en la procuración de justicia.
Denuncian además que el proyecto reduce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que viven en el extranjero, no brinda garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el presupuesto necesario para contribuir a reducir los niveles de impunidad en el país y duplica las funciones de investigación al otorgarle a la Coordinación General funciones que son propias de la Coordinación de Investigación y de Persecución Penal, generando así estructuras que tornarán ineficiente el funcionamiento de la Fiscalía General de la República.
En el mismo sentido, limita la transparencia y auditoría social sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas institucionales, así como desnaturaliza el Plan de Persecución Penal al suprimir su categoría de instrumento público, eficaz para la rendición de cuentas de la Fiscalía.
Respaldo las denuncias de las organizaciones civiles y lamento que tanto el Presidente electo como las y los legisladores de Morena insistan en repetir las prácticas de mayoriteo priista.
Reitero que insistiremos a la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados para que se comprometan con la autonomía total de la Fiscalía. Queremos una Fiscalía que Sirva, encabezada por un ciudadano o ciudadana ejemplar. No permitiremos que Odebrecht, los Duarte, Elba Esther y demás corruptos queden en la impunidad por los acuerdos políticos que se están haciendo en la transición.
