Los municipios mineros de Jalisco serán castigados con la Ley de Derechos que hoy por la madrugada aprobó el Senado de la República con el voto de la mayoría de Morena y con el que se decidió que el recurso del Fondo Minero que llegaba a estas poblaciones tuviera otro fin, dijo el senador jalisciense Clemente Castañeda.
Hasta este año, del Fondo Minero subsisten los municipios de Bolaños, Pihuamo, Cihuatlán, La Huerta, El Grullo, Tapalpa, Etztlán, Autlán, Hostotipaquillo, Encarnación de Díaz, Cuautitlán de García Barragán, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Tecalitlán, Villa Purificación y Zacoalco de Torres.
“Esta reforma es un absurdo y una contradicción, es una medida regresiva que lesiona severamente al federalismo y la autodeterminación de los estados, que no garantiza ni siquiera que los recursos vayan a llegar a las comunidades afectadas por la propia actividad minera”, expresó Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.
“(La Ley de Derechos) le da la espalda a las comunidades y a los pueblos de todo el país que durante muchos años han podido sobrevivir gracias al Fondo Minero, en el caso de Jalisco hay cuando menos 10 municipios, gobernados por distintos partidos políticos, que justamente subsisten por el Fondo Minero y que ya no lo van a tener más”, continuó el legislador.
El Fondo Minero se creó con la finalidad de resarcir los daños ambientales y sociales que la industria minera deja en las poblaciones: ahora, la bolsa se utilizará en su mayoría para el mejoramiento de infraestructura educativa en todo el país, incluso, para apoyar al sector minero.
“El 80% que se va a ir a la Secretaría de Educación, supuestamente para mejorar condiciones de infraestructura, pero paradójicamente, en la Reforma Educativa la dan en la torre al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa; qué sucede con la otra parte que le corresponde a la Secretaría de Economía, el 5% se va para fortalecer el sector minero, en lugar de fortalecer a las comunidades o de paliar los efectos ambientales que tiene la actividad minera”, cuestionó en tribuna el senador jalisciense.
“El 10% que corresponde al Gobierno Federal para los proyectos de infraestructura que por supuesto deciden unilateralmente en el cualquier parte del país y que podrían no beneficiar a ninguno de los municipios que son afectados por esta actividad”, lamentó Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
De Jalisco, la industria minera extrae oro, plata, cobre, zinc, plomo, barita, manganeso y estaño. Se calcula que en 2017 la explotación minera generó 48 mil millones de pesos, con la Ley de Derechos ni un peso regresará a las comunidades afectadas.
El Fondo Minero nunca se ha manejado con transparencia y no ha sido justo con Jalisco, sostuvo Castañeda. Mientras que los municipios mineros de Jalisco generaron 48 mil millones de pesos en un año, entre el 2014 y 2018 sólo regresó para beneficio de las comunidades 31 millones de pesos.
“Jalisco es el tercer estado en producción minera del país, pero en términos de distribución del Fondo Minero, ocupa apenas el lugar 15, es decir, es profundamente inequitativo… Y lo mismo sucede en Sonora, Zacatecas, Chihuahua y entre otros estados donde el proceso de distribución es profundamente injusto”, dijo Castañeda.
Pero en vez de mejorar el Fondo, hacerlo equitativo, recíproco y transparente, la reforma que la mayoría de Morena sacó adelante, da la espalda a los municipios explotados por las compañías mineras: es un clavo más al ataúd para enterrar al federalismo mexicano, puntualizó el senador jalisciense.
