Por: Verónica Juárez Piña
La presencia de una escolta armada enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la ceremonia de homenaje a la bandera en el marco de la apertura del Segundo Período Ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, implicó, véase desde donde se vea, una violación a la soberanía del Congreso de la Unión.
Hizo bien el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, en impedir que esta escolta ingresara al Pleno de la Cámara de Diputados y pedir que la ceremonia se llevara a cabo fuera de este. Sin embargo, los militares no debieron ingresar ni siquiera a las instalaciones de la Cámara.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados, “el Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga a la Cámara, incluyendo Salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara.”
El numeral 4 del mismo artículo precisa que “en el Recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, el Presidente hará que abandone el Recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes.”
Así que el diputado Santiago Creel hizo lo correcto al no permitir el acceso de miliares armados al Pleno, con ello, en su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados, cumplió su mandato de velar por la inviolabilidad del Recinto haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance.
Lamentablemente, un asunto que “aparentemente” fue producto de un error en el protocolo, porque en la historia reciente no había sucedido un hecho así en la apertura de sesiones del Congreso de la Unión, se contaminó con los tiempos electorales.
Empeñado en denostar a Santiago Creel, quien ya hizo pública su aspiración a la Presidencia de la República, el Grupo Parlamentario de Morena reaccionó airado, cuestionándolo primero por no permitir el ingreso de la escolta al Pleno; y luego, contradictoriamente, acusándolo de ser el responsable de permitir el acceso de militares armados a las instalaciones de la Cámara de Diputados.
La virulenta reacción de Morena llegó al grado de amenazar con destituir al Presidente de la Mesa Directiva, olvidando el pequeño detalle de que no reúne los votos necesarios para hacerlo ni con el respaldo de sus aliados, pues esta decisión requiere del voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes.
El zipizape terminó con un acuerdo entre la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política para que se revise el protocolo para este tipo de ceremonias, a fin de evitar se repita un suceso similar.
Cabe resaltar, para dar contexto a este incidente, que durante el tiempo que Morena estuvo en Presidencia de la Mesa Directiva, la Guardia Nacional prácticamente se ocupó de la vigilancia de toda la Cámara de Diputados. Al asumir Creel, ordenó que sólo se encargara de cuidar el exterior del Recinto.
Estos hechos reflejan, por un lado, el ninguneo de Morena a la división de poderes y, por otro, su fascinación por las Fuerzas Armadas y su aspiración de imponer la militarización total del país. No lo permitiremos, seguiremos en defensa de la democracia.
