México publicó el jueves normas que implementan una nueva ley sobre agentes extranjeros, como los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir las leyes antidrogas, diluyendo la legislación que causó importantes fricciones con Estados Unidos y generó temores de que podría bloquear la cooperación antinarcóticos.
El mes pasado, los legisladores enmendaron la ley de seguridad de México para restringir el trabajo de funcionarios de seguridad extranjeros en suelo mexicano a pesar de la feroz oposición de Washington, lo que tensó los lazos y cuestionó la amplia cooperación con Estados Unidos.
El cambio de ley, solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ampliamente visto como una represalia contra Estados Unidos luego del arresto por cargos de drogas del exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en Los Ángeles en octubre.
La reforma de López Obrador a la legislación también se percibió como un intento de crear influencia con la administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que quiere reorientar su relación con México, dijeron analistas.
El enfrentamiento entre Washington y México vio a algunos de los aliados de México plantear preocupaciones al gobierno sobre los cambios, lo que llevó a una interpretación final más suave de la ley, dijo Eduardo Guerrero, analista de seguridad de Lantia Consultores.
“Querían bajar el volumen y el tono con estas pautas para no exacerbar una posible confrontación con Biden y estos funcionarios (estadounidenses) que asumen el cargo”, agregó Guerrero, un ex funcionario de inteligencia mexicano.
Las nuevas reglas detallan los mecanismos que gobiernan cómo los agentes extranjeros trabajarán con las contrapartes del gobierno mexicano, incluido el envío de detalles muy limitados sobre las reuniones que sostienen.
Una propuesta anterior de la presidencia obligaba a los agentes extranjeros a compartir la información obtenida en suelo mexicano ya los funcionarios del gobierno local para informar todas las interacciones con agentes extranjeros.
De acuerdo con los nuevos lineamientos, los servidores públicos mexicanos deben reportar cualquier intercambio de información hasta tres días después del contacto. Sin embargo, el informe solo tendrá detalles básicos sobre las personas involucradas y no contendrá información confidencial.
La embajada de Estados Unidos en México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Las reglas parecen garantizar la privacidad de las investigaciones, lo que sugiere que las autoridades estadounidenses no tendrán que compartir ampliamente sus hallazgos en México, una preocupación clave para los agentes estadounidenses preocupados de que las instituciones mexicanas se hayan visto comprometidas por cárteles de la droga ricos en efectivo.
Tampoco hay restricciones en la comunicación electrónica, que es la mayor parte de la interacción entre las dos partes, especialmente durante la pandemia.
Guerrero argumentó que es probable que las nuevas reglas se interpreten y apliquen de manera flexible, mientras que la coordinación continuará.
«Tiene que continuar, porque dependemos mucho de la inteligencia estadounidense», dijo.
