Durante la conferencia matutina de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó temas relacionados con su participación en el G7 y la llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump, además de aclarar aspectos sobre la propiedad privada y el problema de viviendas abandonadas en el país.
Sheinbaum enfatizó que la propiedad privada en México está protegida por la Constitución y que el gobierno se compromete a garantizar su resguardo. La mandataria aclaró que no se trata de expropiar viviendas a sus propietarios, sino de aclarar la situación respecto a viviendas que actualmente se encuentran en abandono o en ocupación irregular, en el marco del cumplimiento de la ley y los derechos de los trabajadores.
En relación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Sheinbaum explicó que durante décadas se construyeron viviendas alejadas de los centros urbanos, lo cual generó diversos problemas. Entre ellos, un alto índice de fraudes en la venta de viviendas, además de que muchos trabajadores dejaron de habitar esas propiedades debido a su lejanía, lo que llevó a que muchas viviendas permanecieran abandonadas o fueran ocupadas ilegalmente.
La presidenta detalló que, en algunos casos, los créditos no fueron pagados por los usuarios, lo que complica la situación legal y financiera de dichas viviendas. Por ello, el gobierno está evaluando distintas opciones para resolver esta problemática, sin afectar la propiedad privada ni los derechos de los trabajadores que cumplen con sus pagos.
Sheinbaum reiteró que es fundamental evitar la continuidad del fraude y la afectación a los derechos de las y los trabajadores, por lo que se están explorando alternativas para que las viviendas no permanezcan en abandono o en ocupación ilegal, incluyendo acciones que permitan regularizar estas propiedades y reducir las pérdidas económicas del Estado.
Finalmente, la mandataria subrayó que los recursos utilizados en esfuerzos fallidos por recuperar viviendas en desuso, que ascienden a miles de millones de pesos, serán considerados en las futuras estrategias para solucionar este problema social y habitacional que afecta a México.
La presidenta concluyó aclarando que todas las acciones buscan respetar la ley, proteger la propiedad privada y garantizar los derechos de los trabajadores, en un marco de legalidad y justicia social.
