El caso del Notario Público número 29, Javier Herrera Anaya, acusado de falsificar documentación oficial, pasó del ámbito administrativo al penal. Resultado de la judicialización de la carpeta de investigación 817292020, un juez resolvió dictar una medida cautelar que consiste en la suspensión temporal en el ejercicio de sus fruiciones como fedatario público. El delito que se le imputa es el de Falsificación de Documentos Expedidos por el Estado, Organismos Autónomos, Ayuntamientos o de los Documentos de Crédito, previsto por el Artículo 162 fracción 1 del Código Penal del Estado de Jalisco cometido en agravio de La Sociedad.
