El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado desde el 7 de abril pasado, pero líder en las encuestas, presenta hoy un recurso ante la corte electoral a fin de que la justicia ignore las 16 peticiones de partidos, sociedad civil y la fiscalía contra su candidatura a los comicios de octubre.
El mismo día (15 de agosto) en que miembros del Partido de los Trabajadores (PT) inscribieron a Lula da Silva como candidato a las elecciones presidenciales, la Fiscal general del Estado, Raquel Dodge, presentó un recurso alegando que, según la Ley de Ficha Limpia, que el propio exmandatario aprobó durante su segundo mandato, un condenado en segunda instancia por un tribunal colegiado y no puede ser candidato, pues está inhabilitado por ocho años.
Organizaciones civiles y privados también presentaron cuestionamientos al TSE para pedir la impugnación de la candidatura de Lula da Silva, y los abogados del expresidente tienen como plazo este jueves para responder a esos requerimientos.
Los abogados de Lula da Silva acusan a la Justicia de parcialidad y aseguran que el exmandatario fue condenado por corrupción a 12 años y un mes sin pruebas que realmente le indicaran como el beneficiario de un apartamento de tres plantas en la localidad balnearia de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Asimismo, reclaman que no sea inhabilitado políticamente hasta que la condena sea en firme y sin opción a recurso, lo que podría demorar años en Brasil.
Los argumentos del expresidentes, que tiene cerca del 40 por ciento de los votos en las encuestas, recibieron un espaldarazo internacional el pasado 17 de agosto, cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión”.
Formado por expertos independientes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a “Brasil que tome todas las medidas necesarias” para que Lula da Silva pueda tener “acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político” como “candidato» a las elecciones del próximo 7 de octubre.
La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si acepta o no a Lula da Silva como candidato, aunque miembros de la corte indicaron que darán celeridad al asunto y debería estar resuelto como máximo el 13 de septiembre.
