Por: Fernando Plascencia
Si quieres conocer a un gobierno, échale un vistazo a sus programas sociales. Este adagio no miente, darte una embullada en la acción programática de cada administración te da un poco de luz, primero sobre los valores, muchas veces ocultos, que se quieren imprimir, pero lo que mostrará es cuánto se le cobrará o se le dará a la ciudadanía.
Basta para ello analizar el Programa de Verificación Responsable que anunció el gobierno del estado el año pasado. Si bien no se trata de una actividad nueva, ya que en administraciones como la de Emilio y Aristóteles se habló al respecto, lo que anunció Enrique Alfaro vino a traer la discusión de nuevo, pero sobre todo puso en boca de analistas y comentadores palabras como recaudación, fondo verde, responsabilidad compartida etc. Porque sin duda el pormenor que más cobró sobresaltos fue que la verificación tendría un costo de 500 pesos por vehículo y esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué se habrá basado que la verificación responsable en Jalisco costara, mientras que en otras administraciones se canceló, o aún peor, que, en otros estados, con menor recaudación, sea gratis?
Antes de responder, se supo que el recurso recaudado iría a uno de los más nobles temas en el que un gobierno podría ocuparse, a saber, el medio ambiente. Se pensaron acciones específicas, sin reglas de operación más que la memoria y la buena voluntad, para abonarle al ambiente de la ciudad, tales como incrementar el volumen en la red de monitoreo de aire, un programa de chatarrización entre otras cosas.
Pero hay que ser honestos, Jalisco no es un baluarte en políticas medioambientales. Todos los años ocurren tragedias medioambientales de aire, como la reciente producida por el incendio en La Primavera, el Río Santiago es un desastre ecológico cargado de metales pesados que causan insuficiencia renal y otras enfermedades a la ciudadanía que habita en la zona y el bajo control inmobiliario que permite que torres de concreto crezcan como bosque en toda la ciudad.
Una de las razones poderosas para que se haya tomado la decisión de cobrar la verificación, es porque en primer lugar es una acción recaudatoria. Según datos del propio gobierno, en la ciudad existen dos millones ochocientos mil autos verificables, lo que garantiza una entrada millonaria de recurso por año. Y, por otro lado, nadie del gobierno ha salido a explicarnos el presunto conflicto de interés que puede haber entre el dueño de la empresa que ofrece el software y su renuncia en la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) meses antes de la licitación.
Todo lo dicho, ha asegurado al gobierno un discurso de protección al medio ambiente, que ha funcionado para sortear las crisis climáticas recientes, pero que a la par no ha servido para incorporar las pequeñas acciones a un diseño integral de política.
A pesar de ello, creo que lo peor está por venir. En primer lugar, porque la verificación estará en la agenda pública todo el año. Y esto se debe justamente porque apenas se ha cumplido un tercio del calendario planeado por la autoridad; y en segundo lugar porque ahora que se ha iniciado con la caza de autos sin verificar y que se anunció el alza de las multas, vendrá un mayor descontento social, lo que pudimos constatar con la marcha del pasado domingo y que podría ser la primera de muchas.
Lo que pudo ser un beneficio para todas y todos, pues me pregunto quién no desea un ambiente limpio, aunque se trate de un derecho, terminó siendo una acción mal planeada y un negocio para una empresa. Por ello, aquello del adagio del inicio.
Finalmente, lo que se ha hecho visible es que la gente no acude a verificar, y los pocos que lo hacen, su motivación es porque le temen a ser multados, más cuando se anunció un incremento, otro error del gobierno, que motiva a verificar por punición y no por hacerles partícipes a un medio ambiente sano.
