Ciudad de México – A diez años de la promulgación de la Ley General de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), organizaciones y activistas del ámbito social denuncian que los compromisos establecidos en esta legislación siguen sin cumplirse, convirtiéndose en letra muerta.
Gerardo Gaya, fundador de la organización Iluminemos por el Autismo, expresa su frustración ante la falta de avances: “Nos hemos cansado como activistas, realizando actividades y foros legislativos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y tristemente no prosperan”. Su voz se suma a la de Judith Vaillard, directora del Instituto Domus, quien subraya que “no estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo derechos básicos. Las familias no pueden seguir siendo las únicas que sostienen lo que debería ser una responsabilidad compartida del Estado”.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar la problemática, las propuestas y llamados de atención hacia el gobierno federal y las autoridades estatales han quedado en el olvido, a menudo justificadas por la insuficiencia presupuestal. Para el diputado Éctor Ramírez Barba, esta situación refleja una clara falta de voluntad política. “La solución radica en que los padres y niños se organicen, tomen el Congreso de San Lázaro y cierren el Senado. Es esencial que hagan ruido en los medios para que se reconozca su causa, pues son invisibles”, exhorta.
A continuación, se enumeran los diez pendientes que persisten en la implementación de la ley, según el análisis del legislador:
- Creación de un registro nacional de personas con TEA.
- Establecimiento de programas de apoyo y orientación psicológica para padres, tutores y familias.
- Fortalecimiento de un sistema de educación inclusiva.
- Implementación de mecanismos para la detección temprana de TEA.
- Garantía de acceso gratuito a servicios de salud especializados.
- Desarrollo de programas de inclusión laboral.
- Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial encargada de supervisar la ley.
- Asignación de un presupuesto específico para la implementación de la legislación y sus programas.
- Expedición del reglamento correspondiente a la ley.
- Armonización de las leyes estatales con la ley general para asegurar una protección uniforme en todo el país.
La situación actual demanda una respuesta efectiva y coordinada, no solo del gobierno, sino de toda la sociedad, para garantizar que los derechos de las personas con TEA sean reconocidos y respetados. La lucha por la inclusión y la dignidad de estas personas continúa, impulsada por el compromiso de sus familias y organizaciones civiles.
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