La decisión de modificar las tarifas del agua para 2026 en la zona metropolitana de Guadalajara generó controversia durante la sesión de la Comisión Tarifaria de SIAPA, en donde la revocación del Acuerdo 12/2025 fue aprobada con 18 votos a favor y una abstención ( ITESO) y ninguno en contra. La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, emitió declaraciones tras la reunión, en las que expresó su desacuerdo con el proceso realizado.
Pérez Segura señaló que la discusión en la Comisión Tarifaria estuvo marcada por obstáculos desde el inicio, incluyendo dificultades para establecer el quórum y una percepción de que algunos integrantes intentaron limitar el debate. La alcaldesa mencionó que hubo posturas que consideraron que ciertos temas no debían abordarse en ese espacio, lo cual, desde su perspectiva, representa un riesgo de separar lo social de la revisión técnica y, por ende, afectar los derechos de los usuarios.
«La revisión técnica no puede estar desligada del impacto social, porque al final del día, las tarifas y los servicios que recibe la ciudadanía son lo más importante. No podemos dejar que las expresiones de los ciudadanos sean censuradas o que se limite su derecho a manifestarse», afirmó Pérez Segura.
Asimismo, lamentó que el proceso haya sido calificado por algunos como una simple formalidad, y criticó que, en ocasiones, las decisiones parecieran estar influenciadas por intereses políticos o presiones externas, incluyendo insinuaciones de que la falta de votos favorables obedecía a instrucciones del gobernador.
El director general de SIAPA, Juárez Trueba, leyó un posicionamiento en el que, por indicaciones del gobernador del Estado, expresó que la revisión tarifaria debe ajustarse a criterios técnicos y sociales.
Por su parte, la alcaldesa de Tlaquepaque señaló que, en su municipio, no se han detectado cambios significativos en la estructura de tarifas ni en la inversión en infraestructura, a pesar de los incrementos en los recibos. Aseguró que su administración presentará una propuesta particular y que, en la próxima sesión, votarán conforme a los planteamientos que consideren adecuados.
La revocación del acuerdo refleja la preocupación de las autoridades municipales por el impacto social y la transparencia en la gestión tarifaria, así como la necesidad de que los procesos sean participativos y basados en criterios técnicos sólidos.
