En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida la suerte de la primera parte del plan B electoral, que modificó las leyes generales de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas, el gobierno del presidente López Obrador lanzó una nueva crítica en contra del máximo tribunal del país.
La andanada se inscribe en la serie de ataques que, desde el 1 de enero pasado, el presidente y sus funcionarios han lanzado contra la Suprema Corte y su presidenta, la ministra Noma Piña.
El tono nada moderado de las críticas contra las suspensiones otorgadas contra el plan B electoral dan cuenta de la molestia que provocan en Palacio Nacional las decisiones de los magistrados. El ministro Javier Láynez “arrancó páginas de la Constitución” al otorgar la suspensión a la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), acusó la consejería jurídica que encabeza Esthela Ríos.
“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante”, denunció en un comunicado.
Ahora, ante la posible revocación del plan B aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde en los últimos días de diciembre, sin apenas discusión la consejera volvió a la carga con otra denuncia política contra el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán.
“Al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica para resolver las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, la Suprema Corte de Justicia demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México”.
El proyecto para desechar el plan B electoral establece que al aprobarlo se pasó por alto la discusión y por eso, sin entrar al fondo de la posible inconstitucionalidad de su contenido, Pérez Dayán propone invalidarlo.
“La Constitución prevé principios y procesos que garantizan la participación de las minorías parlamentarias en la creación de leyes. Una mayoría parlamentaria no puede pasarlos por alto. Se debe garantizar que en la aprobación de cualquier norma todos los legisladores puedan participar con apego en las leyes”, dijo a Latinus la abogada Mariana Calderón, presidenta del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, un organismo ciudadano cuyo objetivo es la defensa de las instituciones y la preservación del Estado de Derecho.
Si la Suprema Corte sigue sus precedentes, debería determinar la invalidez de las normas aprobadas en esa sesión del Congreso, agrega.
Al cierre de sesiones del Congreso, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado hizo algo similar: aprobó 20 reformas de ley sin discutirlas en comisiones ni en el pleno y legisladores que no las conocían, como Tanya Viveros, quien fue senadora durante unas horas y sólo acudió a la sede para levantar la mano se pronunciaron a favor; mientras que José Antonio Álvarez Lima llegó iniciada la sesión y sin preguntar qué se votaba, se apresuró a decir que estaba a favor de lo presentado por su bancada.
Presentar normas que van en contra de la Constitución, pasando por alto la deliberación, se ha convertido en un modo sistemático de operar del partido Morena, que “simple y sencillamente claudica en la construcción de mayorías que puedan reformar la Constitución”, señala el académico Juan Jesús Garza Onofre.
El investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que en su afán de atender las órdenes del presidente, el Congreso aprueba leyes que serán controvertidas ante la Suprema Corte; si esta decide que las normas son ilegales, el gobierno y su partido acusarán a los juzgadores de ser los responsables de impedir la transformación pregonada por el grupo en el poder.
Como ejemplo cita el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que el senador Alejandro Armenta, presidente del Senado, propuso desaparecer para asignar sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación, idea que el presidente secundó.
“Lo que vimos en el INAI es algo que mientras nadie lo impugne seguirá vigente y ese es el problema, los tiempos de la justicia en México muestran que eso tardaría dos o tres años en resolverse, así vemos que la estrategia no sólo es tramposa, sino chantajista”, señala Garza Onofre.
Esa estrategia, que se expresa en el plantón frente a la Corte que seguidores del presidente mantienen desde hace semanas, representa el fracaso en el deseo de alcanzar un gobierno de leyes y el ejemplo de que impera el mandato de una persona “que se ha ostentado como si no hubiera nada más allá del él mismo”.
