Por: Rocco Palomera
Las redes sociales son una ventana digital que permite conocer principalmente con el uso del video, realidades que solo imaginábamos pero no ignorábamos. En mi carrera periodística he documentado cómo distintos grupos de la delincuencia se reparten el poder y hacen negocio de todo sin límites en el interior de los penales. Tal es el caso de la fiesta al interior del penal de Puente Grande que recién publicó Milenio, que pone en moderna evidencia, cómo el autogobierno por parte de la delincuencia muestra su poderío y exhiben la poca o nula autoridad por parte del Gobierno del Estado.
En mi carrera periodística he documentado en los últimos diez años, cómo distintos grupos de la delincuencia se reparten el poder y hacen negocio de todo en el interior de los penales. Las “zorras” o revisiones con antimotines para retirar armas y droga, son acordadas con el autogobierno para mantener el control de la población carcelaria. Custodios saben por dónde los “jefes” ingresan televisiones, celulares con internet, estufas de parrilla, entre otros artículos, que rentan, o en el caso de droga, alcohol y armas, que se venden a la población carcelaria.
Como esa fiesta que circula en redes sociales, se han registrado muchas en el reclusorio preventivo, unas son contadas por los internos. De otras de lujo, con derroche de dinero, drogas, alcohol y mujeres, se dan cuentan solo algunos privilegiados. Sacar el video a la luz pública es la novedad que pone en jaque político al gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, como responsable del Poder Ejecutivo, administrador de los centros penitenciarios.
Este es buen momento para convertir una crisis en oportunidad, para meter a las celdas (ya están en la cárcel) a quienes resulten responsables de estar coludidos con la red de corrupción que se vive en el complejo penitenciario de Puente Grande. Sentar precedentes a nivel nacional y mundial (seguro la noticia tendrá eco en espacios informativos internacionales) de que en Jalisco se combate la delincuencia e impunidad hasta sus últimas consecuencias y se hace valer la justicia. Mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que quién la hace la paga con castigo y no con fiestas.
Una investigación a fondo, que arroje responsables y castigos ejemplares, no importa si los hechos ocurrieron ayer o hace un año. Nuestra fiscal central, Maricela Gómez Cobos, tiene experiencia y conoce perfectamente el problema, fue directora del penal femenil en la extinta penal de Oblatos, del Centro de Readaptación Social del Estado. Lo peor que esperamos es una estrategia de comunicación para bajar los ánimos en los medios y apostar que se diluya el tema de la memoria ciudadana cada vez mejor informada y que no cree que la autoridad no sepa o pueda dar con los responsables o que se investigue de “mentiritas” y nadie salga raspado. Solo faltan blanquillos para hacerlo.
