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La prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos

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Por: Verónica Juárez Piña

La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé discutir dos proyectos en los que se propone declarar la inconvencionalidad del Artículo 19 Constitucional, en el que se especifica el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, para que toda persona acusada de haberlos cometido, sea encarcelada automáticamente sin haber gozado de un juicio, por la pura presunción de la autoridad.

Al respecto, reitero lo que como Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados expresamos en 2019: esta ampliación representa una regresión a lo establecido en la reforma constitucional de 2008 por la que se estableció el Sistema Penal Acusatorio, ya que el principio de esta reforma fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia.

El Presidente de la República ha insistido en que esta medida es para delitos graves que lastiman a la sociedad y que su derogación impactará en la impunidad. Debemos ser claros, esta medida no constituye más que la justificación para la ineficiencia de las instituciones de seguridad pública, particularmente del Ministerio Público, y, al concederles esta ampliación únicamente perpetuamos su inoperancia.

El respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, hasta que se demuestre su culpabilidad y su responsabilidad, por lo cual la prisión preventiva oficiosa no hace más que violar los derechos humanos.

La otra falacia propagandística es que la gravedad del delito se encuentra vinculada a la prisión preventiva oficiosa. Nada menos real que esto porque en tres años de vigencia, el índice delictivo no ha disminuido y se ha incrementado el número de personas sin un juicio que se encuentran en la cárcel.

No se trata de minimizar los problemas de inseguridad que vive nuestro país de frente al que se perfila como el año más violento de la historia, sin embargo, la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa ha demostrado ser una salida falsa, porque se fomenta la ineficiencia de las instituciones y los imputados enfrentarán un proceso con debilidades orgánicas, con grandes posibilidades de ser exculpados.

En el PRD estamos en contra de todo acto delictivo y, de manera especial, de aquellos que afecten el desarrollo de México, pero también estamos convencidos de que esta reforma ha abierto la puerta para la persecución política de quienes no concuerdan con el gobierno.

El diagnóstico hecho por el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, señaló que un sistema idóneo de justicia penal es aquel que se basa exclusivamente en normas jurídicas y no en criterios de conveniencia u oportunidad política, sancionando a las y los responsables de los delitos, garantizando que las personas inocentes no sean condenadas injustamente.

Sólo con un sistema de tales características, la población depositará su confianza en las autoridades encargadas de perseguir y sancionar los delitos, lo que constituye una condición indispensable para el éxito contra la impunidad. Los propios organismos internacionales han coincidido en que medidas como ésta, únicamente incrementan el número de inocentes encarcelados, victimizando nuevamente la pobreza y, particularmente a las mujeres.

Hoy, las Ministras y Ministros de la SCJN tienen la enorme responsabilidad de analizar la convencionalidad del Artículo 19 Constitucional, por lo cual, las y los exhortamos a declarar su inaplicabilidad, tomando una resolución que, sin duda, marcará un paradigma en el respeto a los derechos humanos en nuestro país.

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