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La pandemia, la educación y las dudas pendientes

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Por: Tania Romero López

Tapatía, adicta al café; y consultora en legislación urbana, capacidad institucional y planeación para el desarrollo

@TaniaRomeroL

En México, un país que desde hace tiempo arrastra deficiencias en sus programas educativos y sus mecanismos de evaluación, la crisis provocada por el COVID19 vino a poner en jaque un sistema que de por sí ya no funcionaba. Prueba de ello es que en 2018 nos ubicamos en el lugar 102 de 137 países en los resultados de la evaluación PISA realizada por la OCDE; en ciencias y matemáticas ocupamos el lugar 117; y si hablamos del sistema educativo en sí mismo estamos en el lugar 108 de 132 incluso por debajo de países como Etiopía y Kuwait.

Tener un bajo desempeño en ciencias en la prueba de PISA significa que nuestros alumnos y alumnas no son capaces de utilizar conocimiento científico e interpretar datos y utilizarlos en su vida cotidiana, tampoco pueden llegar a conclusiones científicas válidas. En matemáticas, no les es posible calcular el costo de un producto en una moneda distinta a la mexicana, ni comparar la distancia entre dos rutas alternas. En lectura, tienen dificultades para reconocer la idea principal de un texto. En el caso de Jalisco, al 31 de diciembre de 2019 teníamos un 32.5% de la población mayor de 15 años con rezago educativo.

La llegada de la pandemia entonces, en materia educativa ha significado que los retos que ya presentábamos se han vuelto más apremiantes, por lo que se deberían de esperar reformas profundas y urgentes para atenderlos. Sin embargo, la realidad, como es costumbre le ganó a la administración pública y su capacidad de reacción pues, aunque se tuvieron meses para planear una estrategia de respuesta a la crisis, desde enero que se tuvieron las primeras noticias de la pandemia; o desde marzo cuando llegó a México; las autoridades se han visto rebasadas y únicamente han ofrecido soluciones parciales y de corto alcance que parecieran dejarnos con más preguntas que como iniciamos. 

El anuncio de parte del gobierno federal de las clases televisadas ha generado debate entre diversos grupos como las madres y padres de familia; el sector docente; las escuelas particulares, las públicas, el gobierno y las y los estudiantes. Todos los grupos tienen preocupaciones válidas y pareciera que no hemos encontrado ese punto medio en el que se ofrezca una solución que satisfaga todas las necesidades. 

Por un lado, con el cierre de las escuelas vimos cómo se empieza a valorar más la labor de las y los maestros pues los padres y madres de familia se vieron en la necesidad de tener a sus hijos en casa y con ello llegó más responsabilidad sobre el trabajo que implica educarles. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales para las y los docentes, quienes se encuentran en el lugar número 8 de las 10 carreras peor pagadas de acuerdo con información del IMCO, con un salario promedio de 8 mil 484 pesos. Además de los bajos salarios, quienes se dedican a la docencia deben lidiar con cambios de modelo y las políticas educativas cada 3 ó 4 años, lo que no les permite evaluar sus resultados.

El modelo de educación a distancia ha puesto en crisis también a las instituciones de educación privada pues, como cualquier negocio en tiempos de COVID, están perdiendo clientes poniendo presión sobre el ya sobrecargado sistema de educación pública. En Jalisco en 2017 había un total de 1,936,000,115 alumnos en el sistema educativo estatal, de los cuales 1 millón 346 mil recibían educación pública y a escala nacional en el ciclo escolar 2019- 2020 para los niveles de primaria y secundaria, 90% del alumnado estaba inscrito en el sistema de educación pública. Cifras que están a punto de crecer, pues algunas familias que tenían la posibilidad de pagar educación privada han perdido sus fuentes de ingresos o hay quien ha determinado que, en las condiciones actuales, el sistema de educación privada no presenta ventajas competitivas que justifiquen la diferencia de precios frente a la educación pública.  Esto ha enfrentado a las escuelas privadas a la necesidad de ofrecer descuentos en la matrícula (pocas lo hacen) para ser más competitivas y a reducir su plantilla (de nuevo impactando al sector docente) para mantenerse a flote.

La oferta de clases por televisión busca atender de manera equitativa a la población, pues ante las profundas desigualdades prevalecientes en el acceso a otras tecnologías de la información, como computadoras personales, conexión estable a internet y hasta la posibilidad de contar con espacios en las viviendas que permitan a cada persona desarrollar adecuadamente sus actividades; la tele abierta surge como una respuesta acaso democrática y accesible en igualdad de condiciones. Sin embargo, la inversión de 450 millones de pesos en pago a televisoras, que dicho sea de paso prestan un servicio concesionado, por la transmisión de las clases durante la emergencia, tendrá pocos resultados medibles y a largo plazo. Y las preguntas que vienen con la iniciativa siguen en el aire. 

Por mencionar algunas, no hay manera de determinar si las y los estudiantes cumplieron con su “horario de clases”; mucho menos si entendieron y aprendieron lo que vieron; pues la televisión no permite la interlocución entre alumnos y maestros. No hay respuestas sobre cómo se estarán diseñando los programas y si la reducción de horas clase permitirá cubrir con el currículo establecido para el ciclo escolar. El modelo cuenta con guías de aprendizajes esperados para el ciclo escolar y se pretende aplicar exámenes con preguntas de control a lo largo del ciclo, pero no queda claro aún lo que pasará si el control falla. 

Todas estas preguntas sin responder apuntan a, como lo ha advertido la ONU, una “catástrofe educativa” pues tendremos una generación completa de personas con déficit educativo en un país en el que de por sí ya estábamos mal. Una generación sobre la cual, las decisiones que pareciera que las entidades encargadas de la educación en el Estado y en el país toman al vapor, tendrán un efecto profundo y duradero, no de corto plazo como las soluciones que hasta el momento se han presentado. Si bien la televisión suple una urgencia de llevar educación a todo el país; preocupa la retroalimentación. Este modelo deja solas en la misión de la educación a la mayoría de las familias.

Es urgente que se empiece a pensar fuera de la caja, buscando medidas que atiendan no solo de manera igual sino más justa a los grupos más vulnerables y a quienes tienen más riesgo de quedarse atrás; por ejemplo, a través de colectivos o redes comunitarias para el seguimiento a la educación. Si en el Estado de Jalisco tenemos alrededor de 138 mil maestros y maestras cada uno podría dar seguimiento personalizado a los avances de 13 estudiantes en su red y con ello se estaría atendiendo a los 1.9 millones de alumnos. Debemos considerar a los y las maestros como trabajadores esenciales y remunerarles como tal. 

Acercar la tecnología a todas las personas es una tarea que lleva tiempo pero que no podemos posponer, es importante darle prioridad en los rubros presupuestales. Pues mientras las decisiones sobre cómo accedemos a los servicios públicos siguen atendiendo a agendas partidistas y a presupuestos con prioridades cuestionables; seguiremos repitiendo patrones y errores de antaño. Esto no nos lo podemos permitir con las nuevas generaciones quienes además tienen la enorme carga de heredar los errores que hasta ahora hemos cometido. 

FUENTES: 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/escuelas-particulares-analiza-y-compara
https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/MEX?lg=es
http://imco.org.mx/comparacarreras/las-10-mas/peor-pagadas/2018/1
http://indicadores.sej.gob.mx/publicaciones/Ini2015-2016/
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478302

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