Por: Yuri Guzmán
En el marco del día del Niño y la Niña creo importante hablar sobre los derechos de los niños y las niñas, mismos que representan uno de los pilares fundamentales para la construcción de sociedades justas, equitativas y sostenibles. Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 por parte de la ONU, se ha reconocido que los menores no solo son sujetos de protección, sino también protagonistas activos en su desarrollo integral. Sin embargo, a pesar de los avances normativos y jurídicos, la realidad muestra que millones de infantes en el mundo, y particularmente en países en desarrollo, enfrentan violaciones continuas a sus derechos, lo que requiere un análisis crítico y objetivo desde distintas aristas.
En primer lugar, es imprescindible destacar que los derechos de los niños comprenden aspectos básicos como el derecho a la vida, la salud, la educación, la protección contra el abuso y la explotación, y la participación en decisiones que les afectan. Estadísticas recientes indican que, a nivel global, aproximadamente 15 mil 600 niños mueren cada día por causas evitables, incluyendo desnutrición, enfermedades y conflictos armados. En países en vías de desarrollo, la pobreza y la desigualdad son los principales obstáculos para garantizar estos derechos; según UNICEF, en 2022, más de 370 millones de niños vivían en pobreza multidimensional, lo que limita su acceso a servicios básicos y perpetúa ciclos de vulnerabilidad.
Asimismo, la protección contra la violencia es una arista crucial. La UNICEF reporta que cerca de 1 de cada 4 niños y niñas en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual, muchas veces en sus propios hogares o comunidades. La vulnerabilidad aumenta en contextos de conflicto armado, donde los menores son víctimas de reclutamiento forzado, desplazamiento y abuso. La falta de sistemas efectivos de protección y la impunidad en muchos países hacen que estas cifras no disminuyan, evidenciando una brecha entre los derechos reconocidos y los derechos efectivos.
Desde la perspectiva de las responsabilidades familiares, el rol de las familias es decisivo en la garantía de los derechos infantiles. Los adultos en la vida de los niños —padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas y otros cuidadores— tienen la obligación de crear entornos seguros, amorosos y estimulantes. La familia debe ser el primer espacio de protección y formación, promoviendo valores de respeto, igualdad y derechos humanos. Sin embargo, en muchas ocasiones, las condiciones socioeconómicas, la falta de educación o la propia vulnerabilidad de los adultos llevan a que estas responsabilidades no se cumplan adecuadamente. La violencia intrafamiliar, el abandono y la negligencia son factores que vulneran los derechos infantiles, lo que requiere no solo la sensibilización, sino también políticas públicas que fortalezcan las capacidades de las familias y brinden apoyo en contextos de crisis.
Es importante señalar que la responsabilidad no recae únicamente en las familias. La sociedad en su conjunto, incluyendo instituciones educativas, organizaciones civiles, el sistema judicial y el Estado, tienen un deber ineludible de crear un entorno propicio para el desarrollo pleno de los niños. Programas de protección, educación de calidad, atención sanitaria universal y leyes efectivas contra la explotación y el abuso son fundamentales. La participación activa de las niñas y niños en espacios adecuados también fomenta una cultura de respeto y derechos desde la infancia.
Digamos entonces que los derechos de los niños y niñas son una prioridad moral, social y legal que requiere una mirada integral y que contemple las múltiples aristas que los afectan. Pero todo, más allá del discurso político y de una sociedad idealista pero, muchas veces, doble cara.
La evidencia estadística revela que aún hay mucho por hacer para eliminar las desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan los menores en diferentes contextos. La responsabilidad de garantizar estos derechos es compartida: las familias deben ser los primeros protectores y promotores, pero también la sociedad y el Estado deben asumir su rol con políticas efectivas, recursos adecuados y un compromiso firme con el bienestar infantil. Solo así podremos avanzar hacia un mundo donde cada niño y niña pueda disfrutar plenamente de sus derechos y potencialidades.
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