En el contexto actual de la discusión sobre la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, la población de la diversidad sexual, en particular las infancias trans, se encuentra en el centro de un debate crucial sobre la tutela efectiva de sus derechos humanos en Jalisco. La controversia se centra en el artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, el cual establece que solo las personas mayores de edad pueden solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. Esta disposición ha suscitado preocupaciones en torno al interés superior de las infancias trans y la progresividad de sus derechos.
La Ley del Registro Civil, aprobada el 9 de abril de 2022, contrasta con el decreto emitido el 27 de octubre de 2020 por el entonces gobernador del estado, que reconocía el derecho a la identidad autoapercibida de las infancias trans. Este cambio legislativo ha generado una respuesta contundente por parte de organismos defensores de derechos humanos, quienes han reiterado la importancia de adoptar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio dentro de la administración pública, especialmente en el marco del «Mes del Orgullo 2024».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido pronunciamientos relevantes sobre la identidad de género y la igualdad, instando a los estados, incluido México, a garantizar el reconocimiento y la protección de todos los derechos humanos para las personas de diversas identidades y expresiones de género. La Corte ha señalado que la discriminación más severa hacia la población LGBTTTIQ+ se manifiesta a través de omisiones legislativas que impiden el reconocimiento de sus derechos básicos.
Es imperativo que el Estado adopte medidas positivas para revertir situaciones discriminatorias y proteger a las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Este compromiso está en línea con los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como con la cláusula de igualdad y no discriminación que rige tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la del Estado de Jalisco.
En consecuencia, la defensoría de los derechos humanos en Jalisco reafirma su compromiso con la protección de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situaciones de vulnerabilidad y discriminación histórica. La institución continuará supervisando los mecanismos judiciales y manteniendo una vigilancia activa ante instancias internacionales de protección, promoviendo así una cultura de paz y diversidad en la que todas las personas sean incluidas y respetadas en sus libertades fundamentales.
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