Por: Yuri Guzmán
El 17 de junio de 2025, México dio un paso importante en la protección de los derechos laborales y la salud de los trabajadores con la entrada en vigor de la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar que los empleados puedan sentarse durante su jornada laboral cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Esta iniciativa, aunque parece sencilla en su planteamiento, tiene implicaciones profundas que merecen un análisis desde diferentes perspectivas, considerando estadísticas, la realidad empresarial, y los derechos de los trabajadores.
La reforma modifica los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, exigiendo a los empleadores proporcionar sillas con respaldo a los empleados en trabajos que requieran estar de pie por largos periodos o en contacto con clientes. Además, obliga a las empresas a permitir el uso de estas sillas en los momentos adecuados y a adaptar sus reglamentos internos en un plazo de 180 días naturales. La finalidad principal es prevenir problemas de salud asociados a permanecer de pie durante muchas horas, como varices, problemas musculoesqueléticos, fatiga, y malestar general, que afectan tanto la calidad de vida de los trabajadores como su productividad.
Desde una perspectiva estadística, diversos estudios internacionales indican que la postura prolongada de pie puede incrementar riesgos de trastornos circulatorios y musculoesqueléticos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las condiciones laborales que obligan a estar de pie durante largos periodos están relacionadas con un aumento en el ausentismo y en los costos de atención médica por lesiones laborales. En México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cerca del 20% de los trabajadores en sectores de comercio y servicios reportan molestias relacionadas con trabajos de pie por más de 4 horas diarias. Sin embargo, la implementación efectiva de la Ley Silla aún enfrenta obstáculos, en parte por la resistencia empresarial y por la falta de sanciones claras para quienes incumplen.
Empresas como Sears y Liverpool, que operan en el rubro de tiendas departamentales, son un ejemplo. Este fin de semana fui testigo de que aun no proporcionan sillas a sus empleados, obligándolos a permanecer de pie toda su jornada laboral. Incluso pude presenciar condiciones poco empáticas: un joven empleado se sentía mal pero tenía que estar de pie pese a que se encontraba casi al punto del desmayo. Empleados de estos lugares sufren incomodidades y problemas de salud sin que exista una sanción efectiva. La falta de sanciones o controles facilita que algunas empresas continúen vulnerando los derechos laborales, poniendo en evidencia la necesidad de mecanismos de inspección más rigurosos.
Por otro lado, la ley también plantea desafíos en su implementación. El plazo de 180 días para adaptar reglamentos internos puede ser insuficiente para algunas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con recursos para adquirir mobiliario ergonómico o modificar sus espacios de trabajo. La inversión en sillas con respaldo y otros elementos ergonómicos puede representar un gasto significativo, especialmente en un contexto económico donde la recuperación tras la pandemia aún es frágil. Sin embargo, estos gastos deben verse como una inversión en la salud y bienestar de los empleados, que a largo plazo puede traducirse en menor rotación, menor ausentismo y mayor productividad.
Desde la perspectiva del trabajador, la Ley Silla representa un avance en la protección de sus derechos y en la promoción de condiciones laborales dignas. La salud postural no solo afecta su bienestar físico, sino también su estado emocional y su percepción de justicia laboral. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá en gran medida de la voluntad política y de los mecanismos de supervisión y sanción. Sin una supervisión efectiva y sanciones concretas para quienes incumplen, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
Ley Silla es, entonces, una medida positiva y necesaria que responde a una problemática real y ampliamente documentada. Su éxito dependerá de la voluntad del Estado y de la sociedad para hacer cumplir las disposiciones, sancionar a quienes incumplen y sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de garantizar condiciones laborales dignas. La protección de la salud laboral no debe ser solo una formalidad legal, sino una práctica efectiva que beneficie tanto a empleados como a empleadores, promoviendo entornos laborales más humanos y productivos.
