Por: Arq. Carlos Enrique Martínez Gutiérrez
La obra pública ha sido cuestionada fuertemente en los últimos años, por las obras y proyectos que realizan los diferentes niveles y órdenes de gobierno a todo lo largo y ancho del país, debido a su falta de planeación, de proyectos ejecutivos, transparencia, asignación, su calidad, costos, beneficio entre otros muchos aspectos y por supuesto corrupción, al grado que el pasado gobernador del Estado de Jalisco en un desliz de su discurso ante los miembros de la CMIC Jalisco, la llamo la “Industria de la corrupción”.
Aunque parezca increíble, la obra pública omite todo tipo de ordenamientos urbanos, normas y reglamentos, pareciera que aplica el clásico dicho de “hágase la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre” y esto aunado a la soberbia, prepotencia y desdén de algunos de los tomadores de decisión en la administración pública.
La obra pública simula cumplir con la raquítica, complicada e ilógica ley, elaboradas para beneficio de unos cuantos, se ha llegado al absurdo de construir escuelas en lugares inapropiados, sin medidas de seguridad mínimas, hospitales o centros de salud sin rampas, carreteras mal trazadas, puentes que se colapsan y una larga lista de irregularidades de todo tipo sin diseño básico, fuera de normas, causando daños de todo tipo, sin responsables y aparentemente dentro del marco jurídico.
Al amparo de esta ley se han amasado grandes fortunas, pero donde se llevan las palmas de lo irracional y absurdo que la ley ha permitido es que Universidades, sindicatos de paraestatales entre otros organismos, se han convertido en grandes constructoras o han subcontratado obras a terceros actuando como intermediarios, como el de Pemex que contrataba desde una modesta construcción o una clínica, hasta plataformas petroleras o el de la CFE que igual que Pemex, viven de cobrar el derecho de piso a los constructores para poder trabajar en sus instalaciones so pretexto de desplazamiento de personal o de maquinaria, como si las universidades o los sindicatos de Pemex o de CFE su objetivo fuera el de construir o proyectar obras de todo tipo y sus trabajadores fueran albañiles, ingenieros o arquitectos.
Sería casi imposible describir el innumerable cúmulo de ejemplos de corrupción, así como la serie de irregularidades técnicas y jurídicas, que van desde constructores extranjeros violando todo tipo de normas de migración, tratados internacionales o leyes de profesiones, hasta la simulación o corrupción en un pequeño municipio, ejemplos a la vista de todos que se han dado en la obra pública en todo el país y por supuesto sin responsables, y todo con dinero público producto de nuestros impuestos pero que administrativamente están “correctas”.
Hoy el Congreso de la Unión por medio de la Comisión de Infraestructura, impulsa modificaciones a la “Ley de Obra publica y servicios relacionados con la misma”, ley con aplicación para todo tipo de obra y proyectos donde el gobierno federal ejecute y aporte recursos económicos para su realización, las modificaciones a dicho ordenamiento impactarán fuertemente en la obra pública que realicen los estados y municipios y obligará a los estados a adecuar sus legislaciones estatales, así como a los municipios su reglamentación, en la aplicación de los recursos económicos provenientes del gobierno federal.
Se han implementado una serie de foros de opinión en diferentes ciudades del país, convocados por la Comisión de Infraestructura del Congreso de la Unión y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aparentemente el mismo programa y los mismos temas en todos los lugares, por su formato y temas pareciera más de lo mismo, pero de diferente forma.
Dado la importancia de la ley, vale la pena revisar conceptos básicos en la planeación, presupuestacion, ejecución de las obras y todas las actividades técnicas necesarias para la construcción de la obra pública, que con el tiempo se han perdido, modificado o manipulado creando como resultado la problemática que enfrenta hoy la obra pública.
Partamos de la base identificando que los verdaderamente responsables para los proyectos y construcción de las diferentes obras son los Arquitectos e Ingenieros, las empresas o “contratistas” son solo una forma jurídica para realizar una actividad profesional normada por diferentes leyes en base al artículo 5 constitucional. Pero además se ha llamado erróneamente al sector de la construcción como industria, en el sector intervienen múltiples ramas de la economía desde el pequeño productor de ladrillos, productores de diversos bienes, equipos, maquinaria y materiales para la construcción, así como sus cadenas de distribución y por supuesto los profesionistas que proyectan diseñan y dirigen las construcciones.
La Real Academia Española establece que la industria de la construcción es el “Negocio o actividad económica” donde se “transforma o transporte de uno o varios productos naturales”, dicho en otras palabras, la verdadera industria de la construcción son todos los fabricantes de los productos e insumos que se requieren para la construcción de las obras, no los constructores y menos del Ingenieros o arquitectos independientemente de la figura jurídica que utilicen para desarrollar su actividad profesional.
Al crear la figura de “empresa constructora o contratista” donde la ley en su momento permitía el anonimato de los socios, fue la figura perfecta para la opacidad, corrupción, simulación en la obra pública, cantidad de oportunistas, funcionarios públicos, políticos, líderes sindicales y hasta delincuentes han utilizado esta figura a través de prestanombres pudiendo impunemente infringir la ley, dejando sin oportunidades de desarrollo a los que verdaderamente estudiaron para realizar su actividad profesional.
Como si no fuera suficiente, se estableció una serie de requisitos para contratar obra que por absurdo que parezca nada tiene que ver con lo técnico ni con la calidad de la obra y menos con los profesionistas, utilizados estos solo como requisito burocrático, y peor aún las reglas están hechas para que cualquier persona o delincuente con dinero a ojos de la ley, sea un excelente “contratista” por su solvencia financiera.
El ejercicio profesional se ha visto seriamente dañado y reducido, al convertir la obra pública como una transacción meramente mercantil, como si fuera una venta de producto, cuando es una serie de actividades profesionales que requieren un título, cédula profesional y preparación continua de los profesionistas para desarrollarla y no una venta de un producto. Si no respetamos y exigimos que se realice por las diferentes ramas profesionales como principio básico, cerremos las universidades y de paso nos ahorramos mucho dinero fiscal.
Si de verdad se quiere iniciar una trasformación del país y refundar a los estados, valdría la pena empezar en aclarar los conceptos básicos, ordenar el sector de la construcción a partir de las legislaciones, erradicar la impunidad y obligar que cada actor realice su actividad profesional con la calidad y profesionalismo que se requiere y no que la obra pública beneficie a oportunistas y prestanombres.
