Eduardo Núñez, Director del Programa Regional del National Democratic Institute (NDI) para Centroamérica, Guatemala explicó que la fiscalización consiste es un sistema de verificación independiente y sistemática del cumplimiento de las reglas y procedimientos
establecidos en el marco normativo. Esta regulación incluye: financiamiento público y privado, reglas de registro, existencia y cancelación, sistemas electivos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
De igual manera, la fiscalización “previene la corrupción y penetración de redes ilícitas; fomenta la transparencia, mejora la equidad y competitividad electoral. Favorece la vinculación con la sociedad” destacó Nuñez.
En pocas palabras, la fiscalización tiene como principio básico: la independencia del órgano o sistema fiscalizador, es decir, «Diablos, no cuidan diablos” expresó. Marco Teixeira, de la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo, Brasil, compartió que la justicia electoral, tiene tres funciones: la normativa, la consultiva y la administrativa, sin embargo, el tamaño de las elecciones y la lista abierta, dificultan la
fiscalización. Esto es porque los partidos no cumplen con las reglas que aprueban, los políticos alteran las reglas para evitar la penalización por incumplir reglas electorales como las que están orientadas a enfrentar las desigualdades de género, raza y etnia a pesar de medidas de estímulo.
En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) las reglas evitan el uso del secreto bancario y fiscal, también tiene acceso a datos personales, los cuales son necesarios para el ejercicio del desarrollo de la investigación de la fiscalización, explicó la consejera
electoral Claudia Zavala.
En el INE, existe un área específica para analizar los riesgos y poder detectar transacciones ilícitas. Sin embargo, para lograr la judicialización, el Tribunal Electoral requiere pruebas explícitas sobre el origen de los recursos, las cuales muchas veces son
difíciles de probar. La Consejera Zavala mencionó que actualmente la UIF no está entregando la información que se le solicita. Esto no se ha hecho con un sesgo partidista pero si con una explícita animadversión hacia la institución por parte de Pablo Gómez, quien previo a este cargo fungió como representante de MORENA con voz sin voto ante el Consejo general de la Institución.
Daniela Hormazábal, Jefa de la Unidad de Estudios del Servicio Electoral de Chile, expuso que las prohibiciones de financiamiento político más comunes corresponden a las donaciones anónimas, al financiamiento extranjero y al financiamiento de instituciones ilícitas.
Respecto a la fiscalización del financiamiento ilícito aceptó que es compleja puesto que los fondos provenientes de éstas son difíciles de rastrear. Existe un “gran desconocimiento de los candidatos y de las organizaciones políticas, respecto a la fiscalización” se está en deuda en ese aspecto, afirmó Piero Corvetto, Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Perú. Un ejemplo es que “tenemos a futbolistas de la selección, que apoyan a una candidatura y tienen millones de personas …dicen que no cobran por apoyar a una
candidatura, pero ahí existe un problema de equidad aunque aducen que es “libertad de expresión” Otro problema es verificar cuántos artículos promocionales se entregan en las campañas o cuántos lonches se ofrecen como parte de las campañas electorales. Se
filtra un porcentaje importante y complejo que escapan a la fiscalización.
Ciro Murayama, profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró que en México “dinero y política forman una relación estructural, que nunca va a desaparecer y va a ser un problema permanente de las democracias”.
En los años del “autoritarismo no había separación entre Estado y gobierno, ni entre partido y gobierno” por lo que fue necesario ir separando instituciones autónomas fiscalizadoras y así el INE llegó a hacer su propio reglamento, a fortalecer sus herramientas de fiscalización y a establecer mecanismos de transparencia. Sin embargo, las reglas de fiscalización no se aplican por igual a las instituciones y gobiernos, porque “tu puedes tener muy buenas normas e instrumentos pero si desde los gobiernos es facilísimo desviar dinero, el control que tengas del dinero mal habido en la política va a ser muy laxa”.
