La expresidenta argentina Cristina Kirchner se dijo «víctima de persecución judicial» en un escrito que presentó este martes en los tribunales de Buenos Aires, en una causa por presuntos hechos de corrupción con negocios inmobiliarios de la familia.
Kirchner, de 64 años, pasó por el juzgado de Claudio Bonadio en medio de un fuerte operativo de seguridad en los tribunales, adonde se movilizaron centenares de militantes para darle su respaldo. «La patria para todos, justa y con derechos volverá», decía una de las tantas pancartas de sus seguidores.
Bonadio, que investiga si los negocios inmobiliarios de los Kirchner con la sociedad familiar Los Sauces esconden cobros de sobornos en contratos de obra pública durante los doce años de gobierno kirchnerista (2003-2015), tiene diez días para decidir si la procesa o la sobresee.
El juez la indaga, al igual que lo hizo el lunes con sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, como dueños de la firma Los Sauces, cuyos inmuebles fueron alquilados a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos contratistas del Estado.
Como en oportunidades anteriores, la expresidenta Kirchner se limitó a presentar un escrito sin responder preguntas del juez, lo que le permite una indagatoria, y se retiró de los tribunales sin hacer declaraciones a la prensa.
«Soy objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en el país en períodos democráticos y que se extiende a mis hijos», denunció Kirchner en las redes sociales.
Pidió ser sobreseída de la acusación a la que calificó de «descabellada» y violatoria de derechos y garantías que establece la Constitución.
Florencia (26) y Máximo (40), hijos de los expresidentes Cristina y Néstor Kirchner se presentaron el lunes ante Bonadio, que los había citado a declarar en la misma causa por supuestos sobornos.
Esta es la cuarta causa en la que se imputa a la expresidenta desde que dejó el gobierno en diciembre de 2015, en dos de las cuales ya fue procesada.
Kirchner está procesada por presunta asociación ilícita y fraude con un embargo por 630 millones de dólares en una causa por presunto ‘direccionamiento’ de obras públicas en favor del empresario de Santa Cruz Lázaro Báez, quien está detenido desde abril pasado.
También fue procesada en el caso llamado ‘dólar futuro’ en la que será juzgada por el juez Bonadio.
Además la justicia reabrió una causa por encubrimiento a exgobernantes iraníes acusados por el atentado al cento judío AMIA que causó 85 muertos en 1994, según una denuncia del fallecido exfiscal Alberto Nisman que había sido desechada en varias instancias judiciales.
