Por: Salvador Cosío Gaona
Como si no fuese suficiente el retraso de dos años cuatro meses que tiene a la fecha, o el hecho de que ha aumentado prácticamente en 100 por ciento el costo con que fue proyectada la obra de la Línea Tres del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, tenemos que añadir que continúan siendo detectadas irregularidades como que las finanzas no cuadran, sobreprecios y corrupción, y aunque se ha pretendido justificar el gasto alegando responde al incremento del dólar, la inflación, y el aumento de insumos, hasta ahora no sabemos a ciencia cierta cuándo será puesto en marcha el servicio, la inversión total y si ya se han subsanado todas las observaciones.
En los últimos días, nos enteramos que le fue practicada una nueva auditoria a la obra y que al igual que en la revisión que se le hizo a las finanzas en 2017, también ha arrojado irregularidades diversas, según lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la revisión correspondiente a 2018, y que asciende a más de 315 millones de pesos en el proceso de construcción y habilitación.
La información develada en medios de comunicación, señala que “278 millones corresponde a lo relacionado a la terminación de los viaductos, túneles y estaciones y 37 millones en el tema del suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante (vagones), señalización ferroviaria, sistemas de comunicaciones, centro de control, sistemas electromecánicos del túnel, vía, sistemas de energía y construcción de dos subestaciones de alta tensión.
El ente señala múltiples pagos indebidos, por ejemplo, se destinaron 11 millones de pesos para reparar supuestas fincas dañadas por las obras de la Línea 3, a pesar que la constructora contaba con un seguro de responsabilidad civil y dichas fincas a las que les destinaron los recursos no se encontraban dentro la zona de afectación.
32,762 millones de pesos el costo final de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y aún falta una partida de 320 millones de pesos para las obras complementarias del proyecto.
Otra anomalía fue en la renta de maquinaria, pues dentro del pago se incluía el domingo, aunque ese día los equipos no laboraban; también se pagaron 22 días de trabajo a las constructoras, aunque estaban suspendidas las obras.
También fue detectada la contratación de servicios para agilizar los procesos de la obra, pero que nulos beneficios: “(Se usaron) 104 millones 262 mil pesos por la incorrecta autorización de cuatro precios unitarios fuera de catálogo que no aportaron los beneficios esperados de reducir y mejorar los plazos de ejecución del proyecto”.
El informe destaca que se otorgaron contratos de obra para reparaciones o desperfectos de los procesos constructivos, situación calificada como irregular por la ASF, pues las empresas que hicieron la obra también debieron de haber respondido por esas fallas.
Las ASF igualmente documenta la generación irregular de contratos. Por ejemplo, se adjudicó directamente a la empresa supervisora la revisión de otro contrato de obra, cuando debió lanzarse una licitación pública, o invitación a cuando menos tres personas.
Además la Secretaría de Comunicaciones celebró un convenio modificatorio del contrato de supervisión que rebasó el 25.0% del monto y plazo sin que se haya dado aviso al Órgano Interno de Control en la SCT”, (Publimetro 05-noviembre-2019).
Habrá que recordar que por estas mismas fechas de 2018, la propia ASF, detectó irregularidades en un informe practicado al recurso que ejecutó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) donde señalaba presuntas irregularidades cometidas que superaron los 109 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2017.
La revisión concluyó el 18 de octubre de 2018 y exhibía pagos indebidos por 109 millones 178 mil 200 pesos. Entre esos pagos indebidos:
“Duplicidad de pagos en compras, compras equivocadas, compras a sobreprecio, pagos hechos a contratistas indebidos porque los retrasos son imputables a la empresa y no a la SCT.
1 millón 878 mil pesos por duplicidad de pago de 15 piezas de vigas AASHTO tipo IV.
12 millones 498 mil pesos por duplicidad de pago y diferencia de volúmenes en el concepto fuera de catálogo “Perforación horizontal direccional…”.
835 mil pesos, debido a que no se acreditó el básico “Vibrador para concreto”, en el concepto fuera de catálogo “Suministro, fabricación y colocación de concreto premezclado”.
16 mil 470 mil pesos en el precio unitario fuera de catálogo “Inyección de JETGROUTING tipo II…”, ya que no se acredita el incremento a las pruebas de campo ni los kilogramos de cemento utilizados.
53 millones 253 mil pesos, debido a que se realizaron pagos por gastos no recuperables al contratista, ya que los atrasos son imputables a éste, además de que en el pago de la maquinaria se consideraron los días domingo y jornales de 12 horas, y la duplicidad de pago de fletes y acarreos.
16 millones 301 mil pesos debido a que no se acreditó el cambio del equipo de perforación.
7 millones 491 mil pesos, debido a que en el concepto núm. EXT-TER-002, “Formación de pedraplén como capa rompedora de capilaridad y mejoramiento de terreno…”, se pagó un costo mayor a la cotización de mercado y en el costo del acarreo no se consideraron los básicos de concurso.
449 mil pesos, debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero en el concreto hidráulico”, (LAB44).
Desde el 7 de agosto de 2016 que inició la construcción de la Línea Tres del Tren Ligero, se han sucedido una serie de acontecimientos que contrario a verla como una solución a los graves problemas de movilidad que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, pareciera se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para propios y extraños.
Una obra que el presidente Enrique Peña Nieto presumió como una de las cinco construcciones ferroviarias más importantes de su sexenio, y que junto con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se frotaban las manos por cortar el listón antes de abandonar sus respectivas administraciones, no logró ver la luz antes de que entregaran sus respectivos encargos.
La obra ha registrado importantes incrementos respecto a la inversión financiera que se proyectó en un inicio y que se estimó en 17 mil millones de pesos. A la fecha rebasa los 32 mil millones de pesos y todavía no hay un día marcado en el calendario para su entrada en operación.
En el historial de esta obra se cuentan desde el rechazo a partir de su anuncio, pasando por retrasos, sobreprecios, demandas de vecinos por afectaciones a sus viviendas, una clausura, y múltiples quejas de ambientalistas. Entre lo más reciente está el señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presuntas irregularidades que superan los 315 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2018.
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