La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación 6-3, ha permitido que la administración del expresidente Donald Trump aplique parcialmente una orden ejecutiva que podría negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados en ciertos estados del país. Aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de la 14ª Enmienda, el fallo implica que los tribunales de algunos estados podrán continuar con acciones que limiten la concesión de ciudadanía en estos casos, generando posibles implicaciones para comunidades migrantes en Estados Unidos.
La resolución, que entrará en vigor tras un período de 30 días, favorece principalmente a los 28 estados republicanos que podrán implementar esta política, mientras que los 22 estados demócratas podrán seguir otorgando la ciudadanía. Sin embargo, esta decisión podría abrir la puerta a nuevas demandas legales en otros territorios, complicando aún más la situación jurídica de la política migratoria de la administración Trump.
Expertos legales advierten que esta resolución aún no representa una victoria definitiva para el gobierno, ya que los casos volverán a los tribunales inferiores y se enfrentan a complejidades en la interpretación de demandas colectivas. La discusión sobre la constitucionalidad de esta medida continuará en las próximas semanas y meses, con posibles resoluciones definitivas en futuros períodos judiciales.
Se estima que al menos 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen padres indocumentados, siendo la comunidad mexicana la más afectada por esta posible reforma. La procuradora Pam Bondi celebró la decisión, señalando que esta evitará «el aluvión de órdenes judiciales en contra del presidente Trump». Sin embargo, expertos constitucionalistas consideran que aún es prematuro declarar una victoria total, dado que la disputa legal continúa en marcha y puede prolongarse.
La decisión de la Corte podría tener un impacto significativo en comunidades migrantes en estados como Texas y Florida, donde residen grandes poblaciones de hijos de indocumentados, y mantiene abierta la posibilidad de que estas políticas sean revisadas y confrontadas en tribunales superiores en el futuro cercano.
Con información de Milenio.
