Por: Martín López Cedillo
En la actualidad, el uso de las tecnologías nos ha sorprendido y tiende a crecer a un ritmo acelerado tanto en la creación de bienes como en la prestación de servicios. Un claro ejemplo es el uso de estas tecnologías para ofrecer el servicio denominado “transporte ejecutivo”, en torno al cual se ha creado un gran debate con temas como si es ilegal, si solo presta sus servicios de conexión entre oferentes y demandantes, o si es una empresa de transporte.
Queda claro que esta nueva modalidad de prestación de servicios llegó para quedarse, pues mientras haya alguien que lo solicite habrá alguien que esté dispuesto a ofrecer su servicio. Por lo tanto deberá ser regularizado con apego a derecho, para que todos los prestadores del servicio se vean beneficiados y trabajen en equidad de obligaciones y condiciones; o dicho de otra manera, que ambos servicios entren en el esquema de ganar-ganar.
El tema de la regulación de este servicio recae en manos del Poder Ejecutivo, ya que es este quien por las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tiene la facultad de regular las disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento de las leyes vigentes, que en este caso es la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
Dicha ley contempla varias modalidades de trasporte público, entre ellas el servicio de “Radiotaxi” de la cual se puede derivar una norma técnica exclusiva o reglamentación emitida por el Ejecutivo para que la nueva modalidad de transporte denominada “Taxi Ejecutivo” pueda operar dentro de la legalidad y no le den tantas vueltas al asunto. Pero para ello se debe tener conocimiento de la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad y que prestan el servicio, pero hasta la fecha esos números son solo especulaciones, ya que los ejecutivos de esta plataforma se han mostrado omisos en la declaración del padrón, tanto de choferes como de vehículos, pues parece ser que quieren trabajar bajo una anarquía, pues siempre se oponen a la creación de medidas como el limitar el número de vehículos, pues argumentan que el mercado se autorregula bajo la oferta y la demanda.
Es menester y muy importante en primer término reorganizar el número de unidades de taxis convencionales dentro del área metropolitana de Guadalajara, dado que el crecimiento poblacional hacia las periferias abre un nuevo mercado. Y debido a que en el año 2000 se dejó de re zonificar y actualizar el número de concesiones requeridas, se ocasiona la concentración del servicio en solo una parte de la ciudad. Eso impide a los taxistas prestar su servicio fuera de sus limites territoriales o de lo contrario es acreedor a una infracción.
Otro de los puntos importantes y que es defendible, es el respeto la antigüedad de los trabajadores del volante así como garantizar la no violación de sus derechos y que están establecidos dentro de la Ley de Movilidad, pues para el “Quien es primero en tiempo es primero en derecho”.
La controversia entre taxis convencionales y taxis ejecutivos nos deja entrever la oportunidad que tienen los primeros para entrar al tema de innovación y mejoramiento del servicio, para los segundos la necesidad de una regulación urgente en términos de una competencia equitativa, con igualdad de condiciones, siempre garantizando la preservación de la fuente de trabajo para ambos servicios. La obligación para todas las modalidades de servicio, es la declaración del padrón de vehículos, concesionarios y/o dueños. Esto último, insisto, para ambas modalidades.
