En un pronunciamiento reciente, la CNDH afirmó que el artículo 80 Bis de la Ley de Hacienda municipal, que habilita este impuesto, viola principios constitucionales fundamentales, como el libre tránsito y la igualdad, además de ser considerado discriminatorio y carente de sustento legal y técnico. La resolución representa un respaldo definitivo a las advertencias realizadas por Canales, quien desde el inicio criticó la medida.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma lo que desde febrero denunciamos: esa medida es inconstitucional, discriminatoria y contraria a los derechos humanos”, expresó Canales en un mensaje desde el malecón de Puerto Vallarta, donde reiteró que la implementación del impuesto no fue una política bien planificada, sino un intento recaudatorio sin transparencia ni claridad.
Desde su paso por el Congreso local, la legisladora advirtió sobre los riesgos jurídicos, económicos y sociales de la medida, que fue aprobada por el cabildo y respaldada por diferentes fuerzas políticas. “Parece que el alcalde de Puerto Vallarta intenta construir un muro fiscal, como Donald Trump, pero en lugar de eso, solo pone un peaje a los turistas”, comentó en una intervención que generó eco nacional.
La CNDH ha solicitado a la SCJN que declare la inconstitucionalidad del artículo 80 Bis, ordene su expulsión del orden jurídico de Jalisco y vincule al Congreso del Estado a abstenerse de emitir disposiciones similares en el futuro. En tanto, Canales considera que este proceso evidencia que la medida no fue más que un intento de recaudación sin base legal, afectando la economía y la imagen del destino turístico.
“Este cobro violaba el derecho al libre tránsito y se intentó imponer sin transparencia ni mecanismos claros. Es un verdadero muro fiscal que pone en riesgo la economía y la reputación de Puerto Vallarta”, afirmó la legisladora. Además, alertó sobre posibles prácticas discriminatorias, ante la falta de criterios definidos para identificar a los turistas que deberían pagar, y sobre el impacto negativo en la competitividad del destino frente a otras zonas como Bahía de Banderas.
Uno de los aspectos más criticados por Canales fue la creación de un fideicomiso para administrar los fondos recaudados, considerado por ella como una figura opaca y vulnerable a la corrupción. “Gobernar no es recaudar por ocurrencia, sino defender al pueblo”, puntualizó.
En su postura más reciente, la diputada reafirmó su compromiso con una política turística que sea justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, subrayando que Puerto Vallarta necesita justicia, inversión equitativa y respeto a sus comunidades, no barreras disfrazadas de impuestos.
La resolución final dependerá de la SCJN, pero la posición de la CNDH marca un paso importante en la defensa de los derechos de los visitantes y la legalidad en la gestión pública. La situación evidencia que el turismo debe ser tratado como un derecho y una actividad económica que requiere regulación, legalidad y justicia, más allá de medidas recaudatorias que puedan dañar su imagen y desarrollo sostenible.
